Archivo - El diputado de IU Aragón, Álvaro Sanz. | Europa Press - EUROPA PRESS. - Archivo

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El diputado de IU, Álvaro Sanz, defenderá este martes, en la Comisión de Bienestar Social y Familia de las Cortes de Aragón, una proposición no de ley para urgir al Gobierno autonómico a impulsar el convenio de los trabajadores de reforma y protección de menores.

En la iniciativa, IU exige al Ejecutivo regional que constituya una mesa de negociación, incluyendo a sindicatos, empresas y organizaciones del sector, «para analizar la situación» y elaborar un convenio que mejore las condiciones laborales de este colectivo.

«Una vez firmado el convenio de Reforma y Protección de Menores para Aragón por todas las partes implicadas, el Gobierno de Aragón adaptará las licitaciones, convenios o conciertos para adecuarlas al nuevo marco laboral», continúa la iniciativa.

Acompañado por dos representantes de la Plataforma por un Convenio Autonómico para Protección y Reforma de Menores en Aragón, Sonsoles Giménez y Berni Esteban, el diputado de IU ha alertado de la «tremenda precariedad» de este colectivo de trabajadores, recalcando que prestan un servicio público, y ha reclamado a la Administración autonómica «que no se lave las manos» y que negocie el convenio.

«Todos los centros donde trabajan son públicos o concertados y es responsabilidad directa del Gobierno de Aragón garantizar el trabajo en condiciones óptimas y, por supuesto, sin precariedad».

Sanz ha comentado que cuando estos centros comenzaron a externalizarse, la remuneración del personal contratado alcanzaba el 80 por ciento del salario de los funcionarios del sector, pero actualmente esta diferencia «se ha disparado a niveles insostenibles y para reducirla debe haber un convenio marco».

El parlamentario de IU ha propuesto la internalización del servicio y, mientras tanto, «garantizar unas condiciones dignas» a los trabajadores del sector.

Compromiso

Berni Esteban ha señalado que hasta ahora han recogido «muchas palabras de apoyo, pero compromisos materiales ninguno», indicando que son un colectivo de entre 500 y 600 trabajadores y se dedican a atender a «uno de los sectores más vulnerables, como son los niños desprotegidos, abandonados, muchas veces en conflicto con la ley, niños, niñas y jóvenes». «Nos parece dramático que se nos precarice».

Sonsoles Giménez ha criticado «la lamentable tendencia a considerarlo un trabajo precario», recalcando que lo realizan mayoritariamente mujeres y que la situación del sector «perpetúa estereotipos de género y la feminización de la pobreza».

«El papel de las mujeres en el cuidado de los menores es fundamental», ha continuado Giménez, destacando que requiere «un compromiso emocional profundo para abordar las complejas necesidades emocionales y sociales de estos menores».