La Fiscalía pide para los acusados penas de entre siete y cinco años de prisión por delitos de pertenencia a grupo criminal y contra la salud pública, si bien acusa al agente involucrado solo de los delitos de revelación de secretos y cohecho, ya que habría brindado a la organización información útil para desvelar los movimientos de los investigadores y facilitar los portes de droga a cambio de pagos en especie, según el escrito provisional de acusación consultado por Europa Press.
Las detenciones de los diez acusados se produjeron en el marco de la operación 'Izabela' por los agentes del ya extinto grupo OCON-Sur de la Guardia Civil, la cual se saldó con una veintena de detenidos, si bien la Fiscalía ha interesado el sobreseimiento provisional para nueve de los arrestados y el sobresimiento libre para una persona más introducida en la causa por «error material».
La investigación sitúa en la cúspide de la banda criminal a C.I.P., contra quien se dirigió una orden de extradición ya que huyó a Marruecos tras la investigación de los hechos. La Fiscalía lo sitúa como la persona encargada de dar todas las directrices en relación a cómo debía efectuarse las operaciones y los pormenores relativos a la adquisción, logística, custodia y distribución de la sustancia.
En este sentido, los acusados se habrían concertado de forma previa a octubre de 2020 para introducir en España grandes cantidades de resina de cannabis que se adquiría a proveedores desconocidos del norte de África. La droga habría sido transportada a alta mar, donde era recepcionada en embarcaciones por los acusados quienes volvían con la mercancía hasta Roquetas de Mar, donde la almacenaban antes de su venta.
Así, señala el empleo de las embarcaciones de recreo 'Mara Izabela' y 'Gaviota' para transportar hachís por parte de ocho de los acusados, algunos de titulares de las naves. Además de realizar los portes, algunos de ellos también se habrían ocupado de las labores de desembarco, vigilando no ser interceptados por la Guardia Civil en el momento de realizar la descarga de la droga.
En este punto, la Fiscalía da cuenta del agente de la Guardia Civil investigado, contacto directo del 'cabecilla' de la trama, a quien habría recurrido para obtener información de la investigaciones policiales, ubicación de vehículos de la Guardia Civil o acceso a bases de datos.
En base a las pesquisas realizadas, el agente habría proporcionado información sobre determinados vehículos que resultaban sospechosos para los miembros de la banda a fin de determinar si se trataban o no de coches policiales encubiertos, para lo que le pedían que consultaran determinadas matrículas.
En las diligencias aparecen las consultas realizadas por el agente sobre las matrículas interesadas por el resto de los acusados, detectadas a través de las intervenciones de sus teléfonos, «sin que mediara interés profeoisnal ni otra justificación» por parte del guardia civil, quien también realizó consultas relativas a personas vinculadas al procedimiento.
Esta forma de proceder permitió detectar una operación el 21 de octubre de 2020 en la que se intervinieron 41 fardos de hachís con 1.175 kilos de resina de cannabis a bordo del 'Mara Izabela' así como otra segunda, el 15 de febrero de 2021, en la que se descargaron en el puerto de Aguadulce dos fardos y varios paquetes que arrojaron un peso de 65,3 kilos de hachís transportados a bordo del barco 'Gaviota'. El valor de la droga intervenida habría superado los siete millones de euros.
En el marco del procedimiento, la Fiscalía no ha podido constatar que el agente de la Guardia Civil conociera al detalle las operaciones de introducción de resina de hachís, aunque a cambio de las informaciones si habría percibido pagos en especias o compensaciones, como la reparación de su vehículo en un taller de forma gratuita. El juicio arranca este lunes, 22 de abril a las 9,30 horas, en la Audiencia Provincial de Almería.
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