Nolasco anuncia la licitación de una Oficina contra la Okupación Ilegal en Aragón

Esta Oficina contra la Okupación contará con delegaciones en las tres capitales de provincia y dispondrá de un único número de teléfono al que cualquier afectado podrá llamar y recibirá asesoría jurídica durante todo el proceso.

Se licitará entre profesionales del mundo del derecho, ha informado Nolasco, en declaraciones a los medios de comunicación este jueves, tras un encuentro con la Plataforma de Afectados del Gancho-Pignatelli en el que también ha estado presente la directora general de Justicia, Esmeralda Pastor.

Este entorno se encuentra especialmente afectado por el fenómeno de la okupación ilegal, en este sentido, Nolasco ha argumentado que en 2023 se produjeron en España 15.289 denuncias por okupación; y que en Aragón se experimentó un incremento del 8,9 por ciento, con respecto a 2022, de acuerdo a los datos que dio a conocer el Ministerio del Interior.

Nolasco ha manifestado que los okupas no son «familias vulnerables que necesitan una solución habitacional», sino que son «delincuentes que viven de la amenaza, de la extorsión y del robo, criminales que deben ser juzgados, desalojados y puestos a disposición judicial».

Por ello, con la nueva implantación de la Oficina contra la Okupación Ilegal «a esta gentuza se le va a acabar el chollo de seguir delinquiendo a sus anchas».

Más de 20 edificios okupados

Además, el vicepresidente primero ha alertado que en el entorno de Zamoray-Pignatelli se encuentran «más de 20 edificios okupados ilegalmente», por lo que ha considerado que no se trata de una «situación en la que haya familias vulnerables que necesiten una solución habitacional, sino de delincuentes que viven de la amenaza, la extorsión y el robo».

Ha calificado como «terrible» la situación en la que se ven obligados a vivir los vecinos. En consecuencia, ha aseverado que esta Oficina contra la Okupación Ilegal «será el inicio» para dotar de mayor seguridad dentro de la comunidad autónoma. Del mismo modo, ha lamentado que la Ley estatal de Vivienda «protege al delincuente en vez de defender la propiedad privada».

Esmeralda Pastor ha lamentado la inacción de los poderes públicos para combatir la «lacra» que es la okupación, que además atenta contra derechos recogidos en la Constitución.

Afectados

Por su parte, el presidente Plataforma de Afectados Gancho-Pignatelli, Javier Magen, ha alertado de la elevada tasa de okupación en el barrio y de sus consecuencias, como los «enganches a la luz», que han provocado que hayan ardido ya tres edificios.

«Tenemos miedo, porque en estos edificios se practican actos delictivos. Somos un barrio estigmatizado a nivel local y es necesario un programa valiente de desokupación en la ciudad», ha apuntado Magen.