La Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía espera invertir 185 millones de euros como parte de la renovación de los 85 partidos judiciales que hay en la comunidad (156 edificios), fondos que obtendrá de la venta de patrimonio que actualmente tiene uso judicial. Ésta es una de las vías de financiación del plan de infraestructuras judiciales de Andalucía (2023-2030), en el que la Administración regional calcula que la inversión rondará los 1.500 millones de euros. Entre los objetivos que persigue el Gobierno andaluz está la reducción a la «mínima expresión» de los contratos de alquiler, pasando de los 96 actuales, con un coste de 17,3 millones de euros, a no más de siete contratos y 1,8 millones para alquiler.
Además de los 185 millones de la venta de patrimonio, la Consejería prevé destinar más de 700 millones procedentes de la colaboración público-privada y pública-pública; alrededor de 170 millones de autofinanciada --recursos propios de la Junta--; y alrededor de 45 millones de fondos europeos. Es el desglose ofrecido este miércoles por el consejero de Justicia, José Antonio Nieto, en la comisión de Justicia en el Parlamento andaluz, en la que ha pedido «confianza» a la oposición, que ha criticado la «improvisación» y la falta de memoria económica del plan.
«No nos vamos a esconder detrás de la burocracia. Lo vamos a hacer lo antes posible», ha sostenido el consejero de Justicia, que ha animado a la oposición, especialmente al PSOE, a «sumarse al plan y dejar de estar en las excusas». El plan prevé completar la red de Ciudades de la Justicia en todas las capitales andaluzas --se podrán en marcha las de Cádiz, Huelva, Granada, Jaén y Sevilla, que ya cuenta con un edificio en funcionamiento en Palmas Altas--; dotar a las ciudades de más de 100.000 habitantes de grandes complejos judiciales (Algeciras, Marbella, Roquetas de Mar, Dos Hermanas y Jerez de la Frontera); 34 actuaciones, entre obra nueva y rehabilitación, en las cabeceras de partidos judiciales, así como otras 16 en partidos de municipios más pequeños para mejorar sus instalaciones.
En contraposición a estos números, el consejero ha señalado que en los años de gobierno socialista en la Junta se hicieron doce rehabilitaciones y 22 nuevas sedes judiciales, unos números que llevaron al Ejecutivo de Juanma Moreno, en palabras del consejero, a diseñar el plan de infraestructuras judiciales con el fin de parar el «colapso» al que «irreversiblemente» se encaminaba la justicia andaluza de no tomarse medidas tanto en lo referente a los edificios como en sostenibilidad y digitalización de los mismos. «Hay que pasar de la justicia del papel a la del dato», ha puntualizado José Antonio Nieto.
El plan incluye, además de 60 actuaciones entre obra nueva y rehabilitación de sedes, intervenciones de mejora de accesibilidad en los edificios judiciales, así como de sostenibilidad medioambiental, para disponer de inmuebles eficientes energéticamente; igualmente, se van a realizar trabajos para mejorar la asistencia a víctimas vulnerables. Esto va suponer que se actuará en 100% de los partidos judiciales andaluces, según lo expuesto por el consejero en línea con la presentación de este plan en San Telmo con Juanma Moreno hace dos meses.
Por parte del PSOE, el diputado Víctor Manuel Torres ha afeado a la Consejería que presente un «plan fake», un «cuentacuento», ha dicho, ya que el documento es «un power point inconsistente» que «no está publicado ni el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía». El parlamentario socialista ha lamentado que el plan es «muy opca» y ha reprochado al consejero Nieto que pida «un auto de fe».
En las filas de Vox, la diputada Cristina Jiménez ha calificado el plan de «pintar en la luna», ya que no viene acompañado de una memoria económica, al tiempo que ha reclamado que no sólo se aborden «sedes dignas sino también la eficiencia organizativa». Por parte del PP, Daniel Castillo ha asegurado que la planificación es una «revolución histórica» frente a la «desidia y abandono» de los socialistas en los más de 20 años que gestionaron las competencias en materia de justicia.
«Ahora tenemos una propuesta creíble que costará llevarla adelante, pero la ilusión de la Consejería se verá recompensada con el apoyo del sector de la judicatura y de los ciudadanos», ha dicho. En este sentido, el consejero Nieto ha asegurado que «me va a costar trabajo, pero más a la oposición criticarlo». «Este plan sigue abierto. Pídannos la información que quieran. Les daremos la memoria económica, pero no nos vamos a esconder detrás de la burocracia. Lo vamos a hacer lo antes posible», ha sentenciado.
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