La institución normativa del valenciano «discrepa» de la futura norma y solicita «un esfuerzo a los responsables políticos y a todos los actores del ámbito educativo para propiciar un espacio de reflexión y de diálogo, como también piden otras instituciones, que ayude a hacer posible la plena normalización del valenciano en la escuela». Con este objetivo, ofrece su colaboración «en beneficio del valenciano, la lengua propia de la Comunitat Valenciana, nuestra señal de identidad más importante y uno de los cimientos de nuestro autogobierno».
Esta es la conclusión de un documento de observaciones aprobado por la institución acerca de la proposición de ley d libertad educativa y que ha sido remitido a la Conselleria de Educación, según ha avanzado la presidenta de la Acadèmia, Verònica Cantó, en una entrevista concedida a Europa Press.
Para la máxima responsable de la institución, «las leyes educativas, como otras que afectan al bienestar social, deberían ser consensuadas». «Creo que se debe escuchar mucho más y atender a la diversidad y la pluralidad, que es lo que hace la AVL, por ejemplo, en su diccionario. Cuando uno tiene una responsabilidad institucional, lo más importante es escuchar. Nos gustaría que la ley fuera más consensuada, que intervinieran todos los actores que participan en el sistema educativo y que tienen cosas que decir, que se moviera por criterios pedagógicos y que se mirara por el bien de las dos lenguas oficiales», ha reconocido.
En las observaciones, consultadas por Europa Press, la Acadèmia ofrece un decálogo de consideraciones sobre el proyecto legislativo. En primer lugar, señala que «omite toda referencia al especial respeto y protección que merece el valenciano» y, de esta manera, «ignora el mandato» que figura en la Constitución y el Estatuto de Autonomía. Recuerda la AVL que las menciones a la recuperación del valenciano «han figurado siempre en los diferentes textos normativos que han tratado el régimen de las lenguas en la educación en los anteriores gobiernos valencianos de cualquier signo político».
Sin embargo, en la presente proposición de ley el concepto de normalización lingüística está «ausente», mientras que la exención de cursar la asignatura de valenciano aparece mencionada hasta en 17 ocasiones.
«El texto legal está más preocupado en facilitar la exención que al promover la normalización lingüística», apunta la AVL, que sostiene que «tratar de manera idéntica a quién es diferente es tan discriminatorio como tratar de manera diferente a quien se encuentra en una posición idéntica».
"favorece el castellano"
Aún así, aseveran, la proposición de ley, «no es que se limite a equiparar las dos lenguas, sino que va en la dirección contraria a la normalización de la lengua propia de la Comunitat Valenciana: en lugar de promover el valenciano, favorece el castellano», algo «especialmente significativo en el caso de las comarcas castellanohablantes en las que los alumnos se ven impedidos de acceder a un conocimiento suficiente del valenciano».
En este sentido, se alerta de un trato diferente a los alumnos de en función del municipio donde residen. «En las comarcas castellanohablantes el valenciano se ve abocado a la marginalidad», subraya la AVL, que enfatiza que «el sistema de educación público no puede discriminar los niños y jóvenes de esas comarcas en la hora de adquirir un conocimiento adecuado del valenciano».
Por otro lado, la proposición de ley, a diferencia de los decretos y leyes anteriores, incluye en el artículo 19 una mención específica a la necesidad de respetar la normativa lingüística valenciana, pero omite la palabra «oficial» y la mención a la propia AVL como institución normativa del idioma valenciano.
«Si el legislador considera conveniente que figure una referencia a la obligación de respetar la normativa lingüística, tiene que quedar claro que se trata de la normativa oficial que, de acuerdo con el artículo 6.8 del Estatuto de Autonomía, es la establecida por la AVL», inciden estas observaciones.
Además, la institución cree que el título de la propia ley es «equívoco», ya que habla de la regulación de la libertad educativa, cuando el objeto de la norma es realmente regular la libertad de elección de lengua. «Una cosa es el derecho a la libertad educativa, y otra, muy diferente, la libertad de elección de lengua en la educación», recalca. La libertad de educación está reconocida en la Constitución en un artículo que «no cita el derecho de elección de lengua de enseñanza por parte de los padres», expone la Acadèmia, que, de hecho, alude a la jurisprudencia del TC que avala que sea la Administración quién regule el sistema de lenguas vehiculares en la enseñanza.
Es más, la AVL avisa de que esa libertad de elección de lengua no está garantizada y «solo hay que consultar el apartado referente a Distribución de unidades en función del porcentaje de familias que hayan optado por cada lengua cooficial como lengua base para darse cuenta».
«Si partimos de la hipótesis de un colegio con una sola unidad en la cual el 49,9% de los padres eligen el valenciano en la hora de matricularse en Educación Infantil, los alumnos solo recibirían el 25% de la enseñanza en valenciano (incluida la asignatura de valenciano). El mismo caso les pasaría si hubiera dos unidades y los padres que piden valenciano fueran el 24,9%. Y así sucesivamente. La situación en la cual se quedan estos padres es de total indefensión», pone como ejemplo.
"inseguridad" para los padres
Además, califica de «vaga» la manera en la que la proposición contempla la posibilidad de constituir unidades si no hay suficiente oferta en la lengua base elegida. «Utiliza términos ambiguos, conceptos jurídicos indeterminados. No hay ninguna concreción, y, por lo tanto, no hay ningún deber ni ninguna obligación. Es un elemento de inseguridad para los padres, porque, aunque haya una demanda de alumnado suficiente para constituir una unidad, no se garantiza que se cree», insiste.
La Acadèmia abunda en «la inseguridad» para las familias, que «no podrán saber a priori si en el centro que han elegido garantizará la enseñanza en valenciano, puesto que no existe ningún tipo de planificación lingüística y todo se deja al azar de los porcentajes que se logren en el proceso de matrícula». «Todas estas incertidumbres --señalan-- pueden desmotivar las familias a escoger el valenciano como lengua base y contribuyen negativamente a la percepción social del valor de la lengua propia».
Otra objeción que resalta la AVL es el «tratamiento asimétrico en función del territorio» de las lenguas cooficiales, ya que en las comarcas castellanohablantes «se impone un porcentaje máximo de presencia del valenciano del 10 o el 12%, o sea, solo la asignatura de valenciano (de la cual, además, se puede pedir la exención). Esta regulación, dicen, »va en contra del criterio jurisprudencial, que establece un mínimo de 25%, excluida la asignatura de lengua".
Finalmente, incide en que la lengua extranjera «tiene un tratamiento notablemente mejor que el valenciano en las comarcas castellanohablantes» --los alumnos de estas zonas podrán recibir en inglés más del doble del tiempo lectivo que en valenciano-- y la modificación del requisito de valenciano, que «sorprende de manera especial» en el caso de los inspectores de educación.
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