La Junta de Gobierno local ha requerido formalmente a la Comunidad de Madrid que revoque el acuerdo. El regidor ha explicado que ha adoptado la medida en base al convenio suscrito entre el Ayuntamiento y la Administración regional, ya que «no se está cumpliendo con el objetivo» del mismo.
«Nos parece todo un disparate que vamos a seguir denunciando», ha precisado el primer edil en un vídeo difundido en redes.
El acuerdo de la Junta de Gobierno, que ha sido notificado al Consejo de Gobierno de la Comunidad, pide asimismo la paralización de las obras previstas «debido a la incoación por este Ayuntamiento de expediente de reversión del referido bien, cedido en su día a la Comunidad de Madrid a través de convenio de colaboración».
De esta manera, considera el Ejecutivo local que, más allá de la aplicación de la Ley de Suelo que da la posibilidad al Gobierno regional de cambiar la normativa urbanística de la ciudad, las intenciones de la Comunidad de Madrid «incumplen el convenio de cesión» de este espacio. Este convenio establecía una cláusula de reversión que ahora ha aplicado el Consistorio para abrir un expediente que espera culminar en unas semanas.
"en contra de la ley regional de servicios sociales"
En este sentido, Ayala ha reiterado que el «macrocentro» previsto por la Comunidad «no solo incumple las normativas urbanísticas» de la ciudad y el convenio de cesión del espacio, sino que «va en contra de la propia ley regional de servicios sociales y de las recomendaciones del Consejo de Europa».
Así, ha añadido que «nadie va a darle a Fuenlabrada lecciones sobre acogida e integración de personas migrantes y menos aún quienes tratan de atropellar a otras administraciones actuando desde la deslealtad y la prepotencia».
El Ejecutivo local ha insistido en que sigue abierto a sentarse en el marco de la Federación Madrileña de Municipios (FMM) para encontrar soluciones conjuntas con la Comunidad de Madrid ante la llegada de personas migrantes.
La Comunidad de Madrid tiene previsto invertir 6,9 millones de euros para reformar la instalación de La Cantueña, que estará operativa en el segundo semestre de este año y que tendrá una capacidad para hasta 100 personas.
El pasado jueves, la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, justificó en la «inacción del Gobierno de Pedro Sánchez» la decisión del Ejecutivo autonómico de iniciar las obras de acondicionamiento del nuevo centro de primera acogida para menores extranjeros en el edificio La Cantueña en Fuenlabrada, al tiempo que ha afeado la «doble moral» del alcalde de este municipio, el socialista Javier Ayala, por su oposición al proyecto.
En cuanto al convenio de cesión del emplazamiento, la consejera defendió que el uso «sigue siendo el mismo», aunque «se ha ampliado como uso residencial para atender a estos menores», pero «se va a cumplir el convenio que se firmó en su momento y se van a realizar las actividades que indica ese convenio». «El alcalde está equivocado pensando que nosotros no vamos a cumplir el convenio», apuntó entonces.
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