La Mesa de las Cortes califica la propuesta de la presidenta de declaración institucional por la unidad de España

Fernández ha presentado esta iniciativa en aplicación del artículo 275 del Reglamento de las Cortes, que le faculta para hacerlo.

En rueda de prensa, durante un receso de la reunión de la Mesa, Marta Fernández ha afirmado: «Mi deber ético y constitucional como presidenta de las Cortes de Aragón es defender nuestra norma básica ante los ataques por parte de minorías con intereses particulares y que atentan contra la unidad de España y el interés general de los españoles», añadiendo que «la aprobación de la ley de amnistía es un ataque frontal contra nuestra Carta Magna, el Estado de Derecho y la separación de poderes recogidos en la Constitución, que son los pilares de nuestra democracia».

Marta Fernández ha manifestado que su deber es «denunciar cualquier violación de las garantías democráticas de los ciudadanos» y que «los españoles esperan esta responsabilidad de los servidores públicos», recalcando que ella se ha comprometido a «defender la unidad de España, el Estado de Derecho y la igualdad de todos los españoles».

«No puedo permanecer de perfil ante una situación que promueve la ruptura de la unidad de España», ha continuado la presidenta del Parlamento regional en alusión a la ley de amnistía, comprometiéndose a «trabajar contra el debilitamiento del Estado democrático, ese impulso que desde el Gobierno de Pedro Sánchez se está dando a iniciativas injustas e inconstitucionales, como es la ley de amnistía».

Sobre la posibilidad de que se apruebe por unanimidad esta iniciativa en la Junta de Portavoces, ha dicho que «en la Junta hay un debate tan extenso y rico como rico es el Parlamento: No descartamos nada».

Marta Fernández ha mencionado el informe elaborado por los servicios jurídicos de las Cortes, que señalan la legitimidad de este Parlamento para presentar el recurso de inconstitucionalidad, aseverando que la ley de amnistía «se va a recurrir tanto desde el Gobierno de Aragón como desde el Parlamento». Ha lamentado que «en España el poder legislativo ha sido absorbido por el Ejecutivo y nos queda el judicial».

Fernández se ha mostrado convencida de que proponer la lectura del artículo 2 de la Constitución en sesión plenaria era su «responsabilidad» al tratarse de «una situación de máxima gravedad», observando que es la presidenta del Parlamento, que ?representa a todos los aragoneses«. »El Estado de Derecho y la libertad están en grave riesgo", ha zanjado.

También ha indicado que el Consejo Consultivo de Aragón se ha pronunciado a favor del informe de los servicios jurídicos parlamentarios y lo apoya «por todos los motivos» recogidos en el informe, como «la gravedad del reto independentista, que sea una reforma encubierta de la Constitución, que la ley de amnistía viola el derecho de igualdad recogido en el artículo 14, que se altera el proceso de formación de la voluntad de las cámaras y que se ha hecho de manera urgente y por la puerta de atrás».