En respuesta a la pregunta formulada por el grupo parlamentario de Vox en la comisión de Justicia, el consejero Nieto ha abogado por contar con el Instituto Armado para «atender la seguridad» de los depósitos judiciales, que es donde «estamos teniendo problemas y donde deberíamos centrar el modelo de seguridad». En el caso del de Málaga, en el que «estamos teniendo puntualmente más problemas», la Junta ha optado por la seguridad privada.
En este depósito judicial malagueño se están robando objetos de «pequeño formato que ya no forman parte de ninguna instrucción y que están pendientes de que su señoría determine la posibilidad de su eliminación, que tarda demasiado en producirse». Ese «desajuste en las resoluciones» es lo que, en palabras del consejero, «genera un problema, porque estamos custodiando cosas que ya seguramente no tengan ningún valor ni probatorio ni de ningún tipo», lo que genera unos costes que podrían reducirse en caso de que se tomaran decisiones con más agilidad.
Igualmente, el consejero de Justicia de Andalucía ha recordado que la comunidad ha acometido un «cambio de modelo en la gestión» de los depósitos judiciales. «Hemos pasado de un modelo de depósito privado a uno público», con dos grandes depósitos de este tipo actualmente, uno ubicado en Mengívar (Jaén) y otro en el barrio sevillano de Bellavista. «Este sistema --ha defendido José Antonio Nieto-- nos ha permitido mejorar sustancialmente la situación en la que estábamos anteriormente, pero no hemos llegado todavía a lo óptimo».
La Junta de Andalucía informaba el pasado 14 de mayo de las medidas adoptadas ante los robos ocurridos en el depósito judicial ubicado en Campanillas, en Málaga capital, pero señalaba que «ninguna ha resultado eficiente, por lo que se sigue buscando soluciones» ante unos hechos denunciados públicamente por el sindicato SPJ-USO, que criticaba «la penosa situación» de este espacio. Desde la Consejería de Justicia señalaron entonces a Europa Press que los robos «se han venido produciendo no sólo ahora, sino desde hace años» y admitían que «en los últimos meses se ha producido un pico que ha hecho que desde la Delegación se hayan tomado diversas medidas», aunque seguirán buscando otras soluciones.
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