Aragón solicita una sectorial extraordinaria por la "descoordinación" del Gobierno de Sánchez ante el reto migratorio

Así lo ha trasladado el Ejecutivo aragonés después de hacerse público el acuerdo entre el Gobierno central y Canarias, hecho público por el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, sobre la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería para establecer un reparto obligatorio de menores migrantes desde el archipiélago o las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla al resto de España.

La consejera de Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, Carmen Susín, ha asistido este martes por la tarde a la reunión de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia en la sede del Ministerio de Juventud e Infancia dirigido por Sira Rego.

Así, ha lamentado que haya imperado «la descoordinación» en torno a una cuestión «tan sensible» como es la atención a menores migrantes y ha deplorado que la reunión haya quedado reducida «a un boicot entre ministros de dos partidos políticos», en referencia al socialista Torres y a Sira Rego, de Sumar.

Por todo ello, el Gobierno de Aragón ha reclamado una conferencia sectorial extraordinaria para explicar «punto por punto» el contenido del acuerdo con Canarias y retomar en ese foro el acuerdo de reparto de menores migrantes que debía haberse abordado este martes.

Dentro del orden del día, se ha hablado del futuro pacto de estado contra la pobreza infantil y también estaba previsto someter a votación el reparto de niños y adolescentes no acompañados a las comunidades autónomas, excepto País Vasco y Navarra. Sin embargo, esta última cuestión ha quedado pospuesta a solicitud de varias autonomías, entre ellas Aragón, «hasta que no se aclaré cuál es la planificación en el corto y medio plazo del Gobierno de España en torno a la crisis migratoria».

No obstante, sí que se ha votado sobre la financiación destinada a atender las necesidades inmediatas de Canarias y Ceuta en materia migratoria.

En esta situación, el Gobierno aragonés ha reclamado «más coordinación, planificación y financiación» ante la evidencia de que el Ejecutivo central está «improvisando» ante la crisis migratoria y se ha alineado con «la mayoría de las Comunidades Autónomas» para pedir más información sobre ese paso de la solidaridad a la obligatoriedad en la acogida en una conferencia sectorial extraordinaria.