Así lo ha indicado el consejero del ramo, Manuel Blasco, en la sesión plenaria de las Cortes de Aragón este jueves, quien ha comparecido a petición propia para presentar el plan de agilización del INAGA. «Hay que poner todo el esfuerzo y el presupuesto necesario para dotar al Instituto de mayor agilidad», ha aseverado Blasco.
El titular de Medio Ambiente ha recordado que el INAGA comenzó su actividad en 2003 para mejorar la calidad de la prestación de los servicios públicos de la Administración ambiental, en concreto la resolución de procedimientos administrativos y la elaboración de informes.
El INAGA es una entidad de derecho público, ha continuado Blasco, indicando que «nunca» se le dotó de flexibilidad, detallando que, de los 76 empleados, el 12 por ciento son personal directivo, el 39 por ciento se dedica a labores técnicas y el 49 por ciento a labores administrativas: «Esta es una de las principales cosas que hay que cambiar, hacen falta más técnicos y menos personas en labores administrativas».
A fecha de hoy, el INAGA tiene 7.811 expedientes vivos, de los que 4.045, el 52 por ciento, están fuera de plazo, ha apuntado Blasco, quien ha anunciado que se incorporará nuevo personal, se contratarán asistencias técnicas externas, se simplificarán los trámites y se impulsará la administración electrónica para «incrementar la capacidad» de la entidad.
Estas actuaciones se implementarán de forma escalonada hasta 2026 e incluirán medidas como la contratación y externalización adicional para los expedientes fuera de plazo, homologando a los proveedores en diferentes grupos, con un presupuesto de más de un millón de euros en 2025, lo que «se verá reflejado en los Presupuestos».
Declaración responsable
El Instituto promoverá la declaración responsable y se clasificarán las actividades e instalaciones según el riesgo medioambiental, «reduciendo los trámites en función de su importancia», al tiempo que se implantarán la tramitación electrónica y la autoliquidación de tasas.
Además, en colaboración con la sociedad pública autonómica AST se dotará al INAGA de tres puestos de técnico informático con un coste anual de 174.000 euros, ha continuado Manuel Blasco. Las aplicaciones informáticas se irán implantando hasta 2025 con un coste de 275.000 euros.
La relación de puestos de trabajo (RPT) para contratar a 13 nuevos técnicos y se crearán nuevas unidades especializadas en materia de energía, urbanismo, obra pública, coordinación de procedimientos y proyectos singulares. También se pondrá en marcha un sistema de control de calidad con una inversión de 50.000 euros.
Inacción
La parlamentaria del PP Susana Cobos ha afirmado que «el PSOE no hizo nada por desatascar» el INAGA y que la acumulación de expedientes se agravó «por la inacción, en algunos casos, del Ejecutivo anterior, por las decisiones erróneas en otros casos y por la incapacidad de adoptar soluciones para dotar al INAGA de las herramientas necesarias».
La diputada del PSOE Leticia Soria ha señalado que Blasco ya dijo hace un año que el plan de choque era urgente y que «no podía esperar más de lo mal que estaba en esos momentos de acumulación y bloqueo», añadiendo: «No debería ser tal urgencia cuando llevan un año utilizando eso que tan sumamente mal funcionaba».
Para el diputado de VOX Juan Vidal, «el grave problema de gestión administrativa en el INAGA se generó en las pasadas legislaturas» y ha opinado que el plan presentado por Manuel Blasco será «positivo y efectivo porque dotará al Instituto de medios y recursos para reducir el número de expedientes acumulados».
El portavoz de CHA, Joaquín Palacín, ha estimado que «el INAGA necesita un impulso para que sea mucho más ágil» y que «tiene un problema estructural, que son los expedientes que se acumulan», subrayando que «hay pocos técnicos y poco personal administrativo». Ha preguntado cómo se va a reorganizar la plantilla.
Asimismo, el portavoz de Aragón Teruel Existe, Tomás Guitarte, ha rechazado «la política del todo vale, que es lo que hay que corregir», haciendo notar que «el INAGA lleva años colapsado y los trabajadores son los primeros que lo han dicho», emplazando a incrementar el personal y mejorar las condiciones laborales de los trabajadores para que puedan tener «dedicación suficiente» y obligar a los promotores de proyectos a entregar la documentación «en tiempo y forma».
Podemos, iu y par
Desde Podemos, Andoni Corrales ha manifestado que «el colapso no tiene nada que ver con la calidad del trabajo ni la rigurosidad de los trabajadores, sino con el volumen de trabajo que se acumula y con la falta de personal y de herramientas».
El diputado de IU, Álvaro Sanz, ha opinado que «la precariedad de medios hace muy difícil de digerir todo el volumen de trabajo y hace que en buena medida muchos procedimientos estén atascados», añadiendo que «es fundamental el cumplimiento con garantías de la norma ambiental», por lo que ha rechazado «la inobservancia que nos está llevando a autorizar explotaciones ganaderas en zonas vulnerables y a desarrollar parques fotovoltaicos y eólicos en zonas extremadamente sensibles».
En representación del PAR, Alberto Izquierdo ha señalado que «una de las quejas fundamentales de los ganaderos y agricultores no es lo que informa el INAGA, sino cuándo lo informa», es decir, que «nadie se queja de si el INAGA es más o menos estricto, sino de que pasan uno o dos años y hay granjas que no se han terminado construyendo porque cuando el INAGA ha emitido el informe esa persona estaba en otra cuestión». «La clave es que funcione rápido», ha sentenciado.
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