La Sección Tercera de la Audiencia de Málaga comenzará este martes la fase de exposición de informes finales de acusaciones y defensas del caso 'Astapa', sobre la supuesta corrupción política y urbanística en la localidad malagueña de Estepona, después de que haya finalizado la práctica de prueba.
Este caso se inició en 2007 y 16 años después comenzó el juicio con casi 50 acusados, entre ellos el exalcalde socialista Antonio Barrientos, exresponsables municipales entonces del PSOE y del Partido de Estepona (PES); así como empresarios y funcionarios. Se investigan delitos de cohecho, blanqueo de capitales, malversación, fraude y prevaricación.
La vista oral comenzó el 9 de enero de 2023 con el trámite de cuestiones previas, tras lo que la Sala anuló las escuchas telefónicas. El juicio ha estado dividido en diez bloques en los que se han analizado cuestiones como supuestas irregularidades en convenios urbanísticos, financiación ilegal de partidos o el enriquecimiento presuntamente ilícito de acusados.
El Tribunal prevé que el próximo martes el fiscal comience su informe final en el que expondrá los argumentos recogidos en su escrito de acusación definitiva, que ya se fue notificado a las defensas. Este mes de junio hay por el momento fijadas sesiones, además del 18, los días 19, 20, 24, 25, 26 y 27.
La previsión es que el informe de la acusación pública se prolongue durante varios días, tras lo que será el turno de las defensas de los acusados, que expondrán sus conclusiones definitivas, por lo que se estima que el juicio quede visto para sentencia a finales de julio.
El fiscal ya ha presentado sus conclusiones definitivas en el que mantiene la acusación para 37 procesados, incluido el exalcalde, pero ha rebajado de forma considerable todas las penas solicitadas, que no pasan de los dos años y medios de cárcel, al considerar que concurre la circunstancia que atenúa la pena de dilaciones indebidas y extraordinarias de forma muy cualificada.
Inicialmente, para el exalcalde socialista solicitaba una pena de diez años y nueve meses de prisión e inhabilitación para empleo público por 38 años y multa por un delito continuado de falsedad, fraude y malversación, por otro de cohecho, por prevaricación y tráfico de influencias. Además, pedía que pagara una multa de un millón de euros e indemnización.
Ahora, en su escrito definitivo, al que ha tenido acceso Europa Press, mantiene los mismos delitos salvo el último, pero rebaja considerablemente la petición por cada delito hasta solicitar un total de dos años de cárcel y nueve años y tres meses de inhabilitación para cargo público y multa de 40.000 euros para Barrientos.
La acusación pública sostiene, como ya hizo en su primer escrito, que se han producido dilaciones indebidas en este procedimiento, que considera «extraordinarias», por lo que insta a que se aplique esta circunstancia que atenúa la pena, pero ahora como muy cualificadas, lo que rebaja la pena a imponer en dos grados.
Asimismo, retira toda petición de indemnización tras haberse apartado como acusación el Ayuntamiento de Estepona, que se ha reservado la posibilidad de ejercer acciones civiles en su caso, y «no haber más perjudicados» en esta causa.
En sus conclusiones definitivas, Anticorrupción pide la absolución de nueve personas para las que retira la acusación y rebaja lo solicitado para el resto de acusados, cuyas peticiones de penas oscilan entre el pago de una multa y los dos años y medio de cárcel como máximo. También rebaja la cuantía de las multas.
La investigación
La Fiscalía Anticorrupción ha sostenido desde el inicio de esta causa, en la que se investiga el periodo 2003-2008, que los procesados que eran políticos, a través de sus puestos de responsabilidad, supuestamente realizaron acciones «orientadas a obtener fondos de promotores y empresarios» para «financiar actividades públicas y privadas de los partidos políticos en coalición» y también presuntamente para beneficio propio.
Así, ha venido manteniendo la supuesta existencia de «una 'Caja B' con aportaciones de promotores con intereses inmobiliarios», a través de donaciones o patrocinios de actividades, con el fin de «eludir controles»; y por supuestas irregularidades en los convenios y aprovechamientos urbanísticos para «beneficiar a ciertos empresarios».
En su escrito definitivo mantiene el relato inicial, aunque matiza respecto a determinados convenios que a lo largo del juicio «no se ha probado que en la negociación de tales acuerdos los responsables municipales de urbanismo antepusieran el interés de promotoras al del municipio» o que «no se ha demostrado que tuvieran causa ilícita» las aportaciones de algunas empresas para eventos deportivos o musicales.
Añade que no se han probado determinados regalos o promesas económicas y precisa que al haberse anulado las escuchas telefónicas, tras estimarse las cuestiones previas de las defensas de los acusados, no se han podido acreditar en el juicio determinadas actuaciones y pagos inicialmente considerados irregulares a varios de los procesados.
También introduce la acusación pública precisiones y correcciones en cuanto a la tramitación de expedientes en materia de disciplina urbanística entre 2003 y 2008, que si se hubiesen tramitado con normalidad el Ayuntamiento «habría podido recaudar por la vía de sanciones unos 43 millones de euros», pero debido a su caducidad y «la ausencia de actos de reactivación» habían prescrito.
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