El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de Sueca (Valencia) ha abierto una investigación para esclarecer la muerte de un hombre nonagenario en la localidad de Cullera, acaecida el verano del pasado año, y el presunto desvío de su patrimonio a su cuidadora y a un párroco, a quienes ha impuesto medidas cautelares, entre ellas la retirada del pasaporte y la obligación de comparecer periódicamente en sede judicial.
La investigación se centra en el fallecimiento del anciano, que cambió su testamento a los 18 días de que la cuidadora investigada comenzara a trabajar para él, en julio de 2023. Mes y medio después, el hombre falleció por una insuficiencia respiratoria sin que se le llegara a hacer la autopsia, fue incinerado y dejó una vivienda para la mujer y 6.000 euros a la parroquia.
Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) han confirmado de que el religioso y la mujer comparecieron ante la jueza este jueves citados como investigados por presuntos delitos de homicidio y extorsión ante la titular del juzgado.
La jueza ha impuesto a ambos investigados medidas cautelares consistentes en la retirada de pasaporte y la prohibición de salida del territorio nacional, así como comparecencias en sede judicial cada 15 días, detalla el Alto Tribunal valenciano.
La causa judicial se incoó a finales de 2023, meses después de que un sobrino del fallecido interpusiera una denuncia ante la Guardia Civil tras descubrir que la cuidadora de su tío figuraba como heredera universal de éste.
Más diligencias
El juzgado va a continuar practicando diligencias de investigación, como declaraciones de testigos, para el esclarecimiento de los hechos.
Por su parte, la defensa del sacerdote asegura a Europa Press que el párroco no tenía relación de amistad ni con la cuidadora ni con el anciano, a quien conocía desde dos años atrás porque acudía a la parroquia y que, con la evolución de la enfermedad que sufría, reclamaba la presencia del párroco para que le administrara los sacramentos.
Según asegura, no se le puede atribuir ninguna responsabilidad porque únicamente propuso a la mujer como «posible cuidadora» y, por tanto, queda en manos de la familia la relación que tuviera con ella. Asimismo, afirma que tuvo conocimiento de los 6.000 euros legados después del fallecimiento del anciano, cantidad que siempre rechazó y a la que sigue renunciando. «Confiamos plenamente en su inocencia y negamos que se le pueda atribuir ningún tipo de responsabilidad, ya que su única actuación ha sido asistirle como sacerdote», señala la defensa, que ejerce el letrado Juan Molpeceres.
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