En los recursos, Alay y Boye denuncian que la pieza separada ha sido creada «artificiosamente y contraviniendo» una sentencia previa de la sección 21 de la Audiencia Provincial de Barcelona, que frenó la prórroga de esta instrucción y decretó su finalización.
En sus recursos, ambos sostienen que la resolución es «abiertamente prevaricadora y desobediente y que se ha gestado a partir de un uso torticero del derecho y sobre la base de un indebido dispendio de fondos públicos para mantener una persecución política que no es compatible con las reglas de un estado democrático y de derecho».
Los documentos recuerdan que el titular del Juzgado de Instrucción 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, abrió una primera pieza separada, CATMON-IGMAN, en la que se investigó si el exvicepresidente de Junts, Francesc de Dalmases, había cometido delitos de malversación, prevaricación y tráfico de influencias.
Sin embargo «en tres años el instructor no ha sido capaz de concretar ni un solo indicio contra el Sr. Dalmases», ni tampoco ha ordenado una sola diligencia para esclarecerlo, en sus palabras.
Por todo ello consideran que la pieza debería haber sido sobreseída tras ser desestimada, pero Aguirre abrió una segunda pieza separada para investigar la injerencia rusa del 'procés' que, en sus palabras, ha sido «alimentada artificiosamente».
En sus recursos, Alay y Boye acusan al juez Aguirre de «intentar incumplir la Ley de Amnistía mediante la inaplicación indebida y arbitraria» de la medida de gracia.
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