El consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, en una imagen de archivo. | Francisco J. Olmo - Europa Press

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El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha considerado este miércoles que «al escándalo político le sigue ahora uno judicial» tras la segunda sentencia del Tribunal Constitucional por los recursos de amparo presentados por los condenados en el caso ERE.

En declaraciones difundidas por la Junta de Andalucía, ha considerado que «lo más grave» de los pronunciamientos del Constitucional tras cuestionarse que haya malversación en la conducta de los exaltos cargos socialistas es que «se pone en peligro total la recuperación del dinero» que no se destinó para los fines previstos en las ayudas sociolaborales y a empresas en crisis tras remarcar que «uno de los objetivos principales del Gobierno de Andalucía es recuperar el dinero de los andaluces».

«Hasta ahora estábamos avanzando en la recuperación del dinero», ha proclamado Sanz, convencido de que estos momentos «hace peligrar» ese proceso para propiciar que «pueda volver a manos de los andaluces el dinero que se le quitó y se le hurtó por un procedimiento ilegal».

El consejero de la Presidencia ha sostenido que «el escándalo de los ERE no ha acabado», mientras ha descrito a «la judicatura estupefacta» y a «la sociedad no dando crédito», así como ha proclamado que «el Tribunal Constitucional es un tribunal de garantías, no absuelve», para precisar entonces que «debemos esperar a las nuevas decisiones de la Audiencia y del Supremo».

Sanz ha señalado que «los 1.092 folios que conforman las dos sentencias de los ERE reconocen que fue el mayor caso de corrupción de la democracia» para dirigirse a la reacción del Partido Socialista y advertirle de que «no puede hablar el Partido Socialista de cacería porque la decisión es del Supremo», mientras ha apuntado que este órgano judicial «reconoció que el criterio de presupuestación utilizado era palmariamente ilegal», además de que «se dispuso de los fondos públicos al margen de todo el control y de forma libérrima y arbitraria».

El consejero ha recordado que el Supremo en su sentencia describió los actos con caudales públicos como inclusives «en el amplio concepto de sustracción», así como reconoció que «se creó un sistema ilegal para fundirse el dinero de los parados andaluces y se hizo intencionadamente».

«Lo peor del Partido Socialista es que encima ahora esté presumiendo de los ERE, que se sienta orgulloso de lo que se ha hecho en Andalucía durante la etapa socialista, que es un robo sin precedentes del dinero de los parados», ha afirmado Sanz, preocupado por que «ahora incluso nos quieren mostrar su orgullo» y con esa perspectiva «podrían volverlo a hacer en Andalucía de generar un sistema que ha significado el mayor fraude de la historia con el dinero de los parados».

El consejero de la Presidencia ha argumentado que «el Partido Socialista, por más que pretenda, no va a poder borrar el mayor escándalo de corrupción que ha existido en la historia de la democracia», antes de advertir de que «quedan 134 causas abiertas y, por tanto, no puede haber fin al proceso de los ERE» y, por ello, «aún nos queda por luchar, por recuperar estos 700 millones de euros de los parados andaluces».

«La sentencia no es del PP, la sentencia es del Supremo y le pido al Partido Socialista que respete también la justicia porque el Tribunal Supremo fue claro al calificar este caso como el mayor escándalo de corrupción», ha remachado su pronunciamiento Sanz.