Durante un acto sobre el programa 'Mi Primera Vivienda', la jefa del Ejecutivo autonómico ha subrayado que en el tema de los pisos turísticos «tiene que haber una regulación, una intermediación y una seguridad» pero lo que no puede haber es «una prohibición total, como se pretende ahora».
En este sentido, ha advertido que el problema «va a ir a mayor si los propietarios de los pisos no se atreven a poner su vivienda en alquiler por la inseguridad jurídica que crean las nuevas normas y el intervencionismo de las administraciones». «Va a haber un momento en el que los dueños no van a querer comprar viviendas para ponerlas en alquiler y vamos a hundir todavía más la oferta y, por tanto, disparar los precios», ha alertado.
En esta línea, ha subrayado la necesidad de «regular las cosas de manera comedida, con contrapesos, preservando la seguridad y la convivencia en las viviendas, el descanso vecinal, pero también teniendo en cuenta las nuevas formas de turismo las nuevas necesidades de los propietarios».
También ha indicado que se debe hacer «teniendo en cuenta a su vez la oferta hotelera de España, que es de primera calidad, de las mejores del mundo», y que «sabe solucionar estos problemas por sí sola». «Eso lo sabe hacer la empresa cuando no está tutelada y dirigida, sino cuando se la acompaña y se le dan herramientas para salir adelante», ha indicado.
Durante el acto, Ayuso ha censurado que esa intervención del Ejecutivo central también se da en el mercado laboral, la Justicia o los medios de comunicación. «No se puede hacer esto al servicio de las administraciones; no podemos hacerlo porque una democracia liberal necesita unas instituciones fuertes, unos contrapesos, unos contrapoderes donde no puede haber autoritarismo y tampoco arbitrariedad en la toma de decisiones. Si no, primero empiezas la decadencia y después llegan problemas todavía mayores como estamos viendo allá donde se aplican estas normas. Creo que no hay que prohibir por prohibir, ni limitar sin más, sin criterio», ha alegado.
En el caso concreto de la Vivienda, ha resaltado, el Gobierno de Pedro Sánchez ha impulsado una Ley de Vivienda que ha provocado «un descenso en la oferta de pisos, incrementado los precios de manera desorbitada en los precios, disparado la ocupación y generado mayor inseguridad jurídica».
«Creo que la seguridad jurídica es la condición mínima para vivir en libertad y para servir al interés general. Si se perjudica esta seguridad jurídica y al Poder Judicial, se hunde la empresa, la vivienda, la prosperidad», ha resaltado.
En este sentido, tras defender la colaboración público-privada por la que apuesta la Comunidad de Madrid, ha insistido en que en lugar de «prohibir a cada problema» se debería hacer «lo contrario: dar flexibilidad confianza y seguridad».
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