La mayoría de los registros (13) se han producido en Málaga, desde donde operaban algunos líderes pertenecientes al Cártel de los Balcanes.
Según ha explicado la Policía en una nota de prensa, la organización utilizaba España como punto estratégico de enlace entre Sudamérica y Europa para transportar la droga, creando 'narcorrutas' desde Tenerife, Gran Canaria, El Hierro y Lanzarote hasta el continente latinoamericano.
Utilizaban también Valencia, Alicante, Almería, Málaga y Canarias como punto logístico antes de zarpar a Sudamérica.
En total se han intervenido 1.500 kilos de cocaína, ocho embarcaciones, 36 vehículos y más de 85 terminales telefónicos y se han identificado 10 embarcaciones que la organización tenía habilitadas para las 'narcorrutas'.
Registros en seis provincias españolas
Las detenciones en el territorio nacional han sido resultado de los 28 registros que se han llevado a cabo en las provincias de Málaga (13), Valencia (6), Almería (5), Alicante (2), Girona (1) y Murcia (1). Los 24 otros detenidos han sido resultado de 13 registros en Noruega, y uno en Bulgaria, Reino Unido, Panamá, Trinidad y Tobago, Portugal y Colombia.
Entre los detenidos destaca un noruego reconvertido atracador de bancos y furgones blindados que ya había cumplido 15 años de prisión por hechos violentos de esta tipología y que, un año atrás, entró en la organización gracias a su experiencia delictiva y al respeto que le daban las mafias del Este de Europa.
Desde el sur de España, los responsables de la organización coordinaban y dirigían los transportes de cada embarcación y mantenían las reuniones con los enlaces de los países de origen desde donde se suministraba la sustancia estupefaciente. Estos utilizaban Brasil, Colombia, Guayana, Trinidad y Tobago, Santa Lucía, Barbados o Panamá, como punto de partida de las embarcaciones.
Su líder llevaba más de 20 años en el narcotráfico
La organización tenía registrada a nombre de terceras personas su conglomerado de embarcaciones para ocultar sus fines ilícitos y realizaban las comunicaciones mediante sistemas cifrados de seguridad para mantenerse a salvo de observaciones policiales, disponiendo en las cotas más altas del entramado de hasta 15 terminales telefónicos cada uno.
El líder, que se hacía llamar «el profesor», llevaba operando en el narcotráfico más de 20 años y se encargaba de coordinar con los cárteles colombianos y mejicanos la producción de los estupefacientes y su traslado por Sudamérica para posteriormente embarcarlo a España. Además, reclutaba a los tripulantes de los veleros y otros miembros se encargaban de su mantenimiento.
Algunos de los responsables de la organización pertenecían al Cártel de los Balcanes (Balkan Cártel) y llevaban un elevado nivel de vida en la Costa del Sol utilizando negocios empresariales para dar salida a los beneficios que obtenían de su actividad delictiva. La Policía detectó que el dinero generado por los cargamentos de estupefacientes, era reinvertido en nuevas operaciones y blanqueado a través de un tejido empresarias que operaba en varios países.
Amplia colaboración internacional
La operación internacional se ha llevado a cabo, bajo el liderazgo de la Policía Nacional de España, de manera conjunta con la National Criminal Investigation Services (NCIS) de Noruega, la agencia estadounidense Drug Enforcement Administration (DEA), la National Crime Agency (NCA) británica y el Maritime Analysis and Operations Center (MAOC) con el apoyo de EUROPOL y han colaborado agentes policiales de Francia, Polonia, Portugal, Bulgaria, Panamá y Santa Lucía.
Se inició en junio de 2020 de forma conjunta con las autoridades de Reino Unido, cuando detectaron que la organización británica se asentaba en España y contaba con canales de comercio internacional de tráfico de cocaína desde Sudamérica a Europa a través de España.
Durante la misma los agentes detectaron que se estaban preparando dos veleros para recibir más de 1.000 kilos de cocaína cada uno, y establecieron una acción preventiva para evitar que se llevara a cabo la carga en aguas internacionales. Para ello solicitaron auxilio judicial en numerosos países como Noruega, Bulgaria, Portugal, Reino Unido, Panamá, Santa Lucía, Trinidad y Tobago, junto con actuaciones en Francia, Polonia o España.
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