Los magistrados de la sección segunda de la Audiencia Provincial de Valencia han destacado el «rol decisivo» del exvicealcalde de València Alfonso Grau en la financiación irregular del PP en 2007 y 2011: «Se prevalió de su posición» en el Ayuntamiento y tenía una participación «relevante y activa» en las irregularidades cometidas.
Así se desprende de la sentencia --de 370 páginas-- dictada por este tribunal en la pieza A del caso Imelsa, relacionada con una financiación irregular en las campañas electorales del PP de València en 2007 y 2011 a través de donaciones y pagos de empresas.
El tribunal dedica en su resolución un apartado a Alfonso Grau, a quien impone cuatro años y medio de prisión por un delito de malversación de caudales públicos y le condena, también, por un delito continuado de cohecho.
«Grau fue quien tomó la decisión o participó de manera determinante en el encargo de la campaña de 2007 a Laterne Product Council (LPC), igual que participó activamente en la toma de la decisión de encargar la campaña de 2011 a Trasgos», comienza diciendo el tribunal.
Así mismo, destaca que Grau formaba parte del grupo de concejales y asesores que formaban los respectivos comités de campaña y tenía un papel «muy relevante» dentro de dichos comités, como revela el hecho de que fuera el encargado de elaborar el programa electoral, fuera quien contactara con los responsables de las empresas a las que se encargaba su organización y fuera la persona de los integrantes de dicho comité que acudía a la sede de LPC en 2007 a supervisar y tomar decisiones de campaña.
Grau, durante el juicio, negó haber cometido los hechos que se le atribuían. Negó haber tomado la decisión de contratar a LPC para la campaña de 2007, negó haberle entregado dinero a su exasesor Jesús Gordillo para que pagara facturas de LPC por gastos de campaña; negó, igualmente, haber solicitado aportaciones a ninguna empresa para gastos de campaña o haber ordenado con ese fin desvío de fondos de entidades en cuyos órganos de dirección participara.
Refirió que siempre se actuó con conocimiento y aprobación de los órganos de dirección de los organismos en los que participaba en representación del Ayuntamiento y que sus cuentas estaban debidamente auditadas.
Sin embargo, el tribunal difiere de estas manifestaciones. Afirma que Grau tuvo en las campañas electorales y, en particular, en la de 2007, un «rol decisivo» puesto que participó de manera relevante en la selección de la empresa a la que se encargó la campaña.
Consta, también, a juicio de los magistrados, que el exvicealcalde participó activamente, según revela la prueba testifical, en la organización y seguimiento de los actos de campaña gestionados por LPC y se implicó directamente en el pago de deudas contraídas por LPC y que aún quedaban pendientes de pago en abril de 2008, hasta el punto de encargarse de recoger 350.000 euros y de entregárselos a Jesús Gordillo, que se ocupó de pagar a los acreedores mediante ingresos en cuenta.
Respecto a Centro de Estrategias y Desarrollo (CEyD), el tribunal señala que Grau tuvo una participación «relevante» en gestionar que parte de los gastos de la campaña fueran abonados con cargo a la Asociación CEyD que presidía por delegación de la alcaldesa de València y en la que ejercía funciones directivas una persona próxima, cercana a él, como era Eduardo Santón.
En cuanto a Fundación Turismo Valencia (FTVCB), señala que Grau también tuvo una participación «activa» en gestionar los mismos gastos para campaña. En la entidad, él era presidente del Patronato y ejercía funciones directivas una persona próxima cercana a él, como era José Salinas.
"única respuesta congruente"
A juicio del tribunal, «la única respuesta que se revela congruente, a la vista de la información que ofrece la abundante prueba practicada y de las conclusiones que de manera progresiva se han ido alcanzando, es que Grau fue quien por sí, o por intermediación de alguna persona, contactó con empresas para que procedieran a efectuar pagos y que las empresas los hicieron atendiendo a quién era la persona que directa o indirectamente formulaba las peticiones».
«Debe tenerse en cuenta que Grau organizaba la campaña electoral y se ocupaba de gestionar sus problemas de financiación y de obtener, incluso, dinero en metálico para pagar deudas de campaña», recuerdan los magistrado.
En este contexto, y dada la posición que Grau ocupaba, «dada la naturaleza de las elecciones para cuya campaña se precisaba financiación, dada la inexistencia de justificación alternativa para los pagos efectuados por las empresas y para el modo común seguido para efectuarlos, la única explicación que aparece razonable es la que acogen las acusaciones: Grau se prevalió de la posición que ocupaba como Teniente de Alcalde del Ayuntamiento para conseguir que las empresas que mantenían relaciones económicas con el Ayuntamiento por importes relevantes o que podían tener interés en poder acceder a contratar con él y, en todo caso, en atención a su posición de poder y a la capacidad que podía haber desplegado o podía en el futuro desarrollar para poder influir en las tomas de decisiones en materia de contratación municipal, efectuaran las aportaciones económicas».
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