Según recoge el texto, al que ha tenido acceso Europa Press, el Grupo Parlamentario Socialista solicitó el 30 de abril, dos semanas después del nombramiento de quien fuera el único presidente del PSOE en la Comunidad, cinco solicitudes de comparecencia en la Comisión de Presupuestos y Hacienda para que explicase, entre otros, su programa de fiscalización, las contrataciones que considere necesarias para mejorar su funcionamiento o la liquidación del presupuesto del órgano en su ejercicio anterior.
El escrito señala, también que el 6 de mayo la Mesa tumbó las peticiones, como haría con las peticiones de reconsideración que presentó el PSOE posteriormente. Exponen que con estas decisiones se habrían vulnerado los artículos 23.2 y 23.1 de la Constitución Española, que marcan el derecho fundamental a participar en condiciones de igualdad en asuntos públicos y a participar en los mismos por sus representantes.
El nombramiento de Leguina fue polémico, ya que estaba suspendido de militancia en el PSOE por haber apoyado en campaña electoral a la presidenta de la Comunidad de Madrid y entonces candidata del PP, Isabel Díaz Ayuso. De hecho fueron los 'populares' los que propusieron al expresidente como uno de los candidatos a los cinco puestos a los que tenía derecho en el Consejo de la Cámara de Cuentas.
Horas antes de ser elegido por la Asamblea como uno de los miembros del Consejo, el secretario general del PSOE-M, Juan Lobato, cuestionaba si Leguina tenía «las ganas, el ánimo, el conocimiento y la experiencia» para ocupar el puesto y deslizaba, además, con que no era la «persona más adecuada para fiscalizar algo de Ayuso». Defendía que era necesario «más nivel».
Este recurso de amparo se suma al ya presentado por los socialistas esta misma semana por el bloqueo de preguntas de la oposición en la Mesa de la Asamblea. Más Madrid ha presentado un escrito similar, al tiempo que Vox ha explicado que busca las maneras judiciales de defenderse de esta circunstancia, aunque no creen que el TC sea la vía por la mayoría progresista que lo rige.
El PP, por su parte, ha acusado a la oposición de presentar iniciativas «claramente contrarias al reglamento» con el objetivo de poder acusar a la Mesa de estar «cercenando derechos de los diputados» cuando rechaza propuestas que no son acordes a las normas de la Cámara.
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