Morón (VOX) pide documentación relativa al CAM de Ateca y que Susín explique en las Cortes su política de contratación

En rueda de prensa, VOX ha reclamado que comparezca, asimismo, en las Cortes el director gerente del IASS, Ángel Val, para que dé cuenta de la labor de supervisión de la atención a MENA en el territorio.

En cuanto a la información solicitada, Morón ha pedido el desglose desde 2017, fecha de apertura del CAM de Ateca, de todas las partidas presupuestarias destinadas a la Fundación Salud y Comunidad, una de las dos empresas que conforman la UTE que gestionaba este centro, así como la relación de incidencias de las que el Gobierno haya tenido conocimiento en relación a este CAM.

Otra información requerida es el histórico de expedientes administrativos de la Fundación mencionada en relación a todos los centros de menores que tengan encomendados; la relación de CAM donde se acoja a MENA; la copia de los convenios, contratos o documentos firmados con la Fundación. En las próximas semanas presentarán más iniciativas.

Inmigración ilegal

Morón ha afirmado que «con lo conocido hasta la fecha se demuestra la hipocresía de aquellos que abren las puertas a la inmigración irregular», añadiendo: «Parece que su gran corazón solo se conmueve por la llegada de jóvenes musculados en edad militar que, enriqueciendo a las mafias, son capaces de atravesar el desierto y llegar en patera, pero no parece preocuparles el destino de aquellos que son incapaces de afrontar este reto».

«Tampoco les importa lo que les acontezca a estos menores en los centros donde, supuestamente, se les tutela; en el fondo bien saben que ni siquiera mayoritariamente son menores», en alusión a los MENA.

El portavoz de VOX ha proclamado que «la inmigración ilegal, además de poner en riesgo nuestra seguridad, no deja de ser un gran negocio para las mafias del tráfico de personas, también para las ONG que colaboran en el tráfico o reparto de los inmigrantes por todo el territorio nacional y para las empresas que, sin ningún tipo de control, asumen competencias para las que no están preparadas ni cualificadas».

«Nuestro objetivo es claro: Demostrar el coste real no solo en términos económicos, sino también en cuanto a la falta de seguridad y la sobrecarga de los servicios públicos por la inmigración ilegal», también «poner en evidencia la hipocresía de aquellos que abren las puertas a la inmigración ilegal sin asumir el coste político de las medidas que esto conlleva», ha concluido Morón.