Estos talleres están dirigidos a jóvenes preferentemente no escolarizados, que tengan cumplidos los 16 años y no superen los 21, que deseen cualificarse profesionalmente como medio para conseguir una inserción laboral o como vía de reincorporación al sistema educativo.
La cuantía de la convocatoria es de 720.000 euros y se enmarca en el programa Fondo Social Europeo+ 2021-2027. De esta forma, el Ejecutivo autonómico aporta el 60% del importe global (432.000 euros) y el FSE, el 40% (288.000 euros).
Ya que esta línea de ayudas financia programas que se hubiesen iniciado en el año 2023, podrán ser beneficiarias las entidades locales a las que hubiese autorizado previamente, por parte de la administración educativa, a impartir en Aragón talleres profesionales para el curso 2023-2024.
A lo largo de ese curso, se han impartido por ejemplo talleres de operario forestal; ayudante de instalaciones electrotécnicas y de telecomunicaciones; operario de viveros, jardines y centros de jardinería; servicios auxiliares de peluquería; operaciones básicas de pastelería; trabajos de carpintería y mueble; reprografía; operaciones auxiliares de fabricación mecánica; limpieza de superficies y mobiliario en edificios, locales y establecimientos de hostelería; servicios auxiliares de estética; actividades auxiliares de comercio; operaciones auxiliares de revestimientos continuos en construcción; operaciones auxiliares de montaje de mantenimiento en electromecánica de vehículos.
En concreto, se financiarán hasta un máximo de 18 proyectos, con una ayuda máxima individual en este caso de 40.000 euros.
El plazo para presentar las solicitudes es de diez días y deberá hacerse a través del Registro Electrónico General de Aragón conforme al modelo específico, disponible en https://www.aragon.es/tramites/registro-electronico-general o incluyendo en el buscador de trámites el procedimiento 10477 «Subvención para el desarrollo de programas de cualificación profesional inicial por entidades locales».
La concesión se resolverá en el plazo máximo de tres meses, tras la valoración de los mismos por parte de la comisión técnica. Entre los criterios que se tendrán en cuenta, y que pueden consultarse íntegramente en la orden publicada en el BOA, figura la población de la entidad local, la existencia o no de oferta pública de grado básico de FP en la localidad, la capacidad financiera que el ayuntamiento pueda destinar al programa, así como el impacto en la consecución de los objetivos del proyecto.
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