Así se puede leer en el texto de esta iniciativa parlamentaria del PP relativa a «la condena del fraude millonario de dinero público producido en la Junta de Andalucía entre 2000 y 2009», registrada tras las sentencias del Tribunal Constitucional (TC) que entre los pasados meses de junio y julio estimaron parcialmente recursos de amparo de una decena de ex altos cargos de la anterior etapa de administración socialista en la Junta condenados en este caso, entre quienes figuraban los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán.
En concreto, el PP quiere con esta PNL, consultada por Europa Press, que el Congreso de los Diputados condene y repruebe «las acciones y decisiones políticas que facilitaron y favorecieron el uso fraudulento de millones de euros públicos a través de la deliberada eliminación de controles a la gestión de los fondos para ayudas sociolaborales manejados por la entidad denominada primero Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) y posteriormente Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) en la década transcurrida entre los años 2000 y 2009».
En la exposición de motivos para justificar esta iniciativa, el PP alude a la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla que, el 19 de noviembre de 2019, «condenó a diversos miembros del gobierno de la Junta de Andalucía a diversas penas por el llamado 'caso de los ERE'», y que fue posteriormente confirmada --en septiembre de 2022-- por el Tribunal Supremo (TS) tras haber sido recurrida en casación.
«Ambas sentencias presentaban, fruto de una ingente instrucción, un sólido conjunto de hechos probados que acreditan la existencia de un sistema de pagos de ayudas sociolaborales a través del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) desprovisto de cualquier tipo de control», remarca el PP en la PNL que ha elevado al Congreso.
Desde el Grupo Popular subrayan que «las sentencias acreditan también que la tramitación de cientos de millones de euros públicos a través de estos mecanismos carentes de procedimiento administrativo alguno permitió la inclusión de beneficiarios que no habían pertenecido a las empresas teóricamente ayudadas, facilitó que se siguiesen percibiendo estas rentas tras haber dejado de cumplir los teóricos requisitos, o incluso avaló el uso de estos fondos para fines completamente ajenos a las ayudas sociolaborales».
Este «sistema» --continúa exponiendo la iniciativa del PP-- «se institucionalizó de forma progresiva para superar diversos obstáculos que los mecanismos de control interno de la administración autonómica fueron advirtiendo», de modo que, «para evitar informes negativos de estos órganos se tramitaron primero modificaciones presupuestarias, después un convenio marco jamás publicado ni informado por los servicios jurídicos y, finalmente, una ocultación de estas ayudas en una partida presupuestaria de transferencias de financiación al IFA que posibilitaba que estos expedientes de gasto no fuesen objeto de la fiscalización necesaria».
El "ejercicio de revisión" del tribunal constitucional
Tras este relato del sistema de pagos de ayudas sociolaborales «desprovisto de cualquier tipo de control» que estaría en la base del caso de los ERE, el PP se refiere en su PNL al «ejercicio de revisión de la jurisdicción ordinaria inédito hasta la fecha» que ha realizado el Tribunal Constitucional al estimar parcialmente varios recursos de amparo de los altos cargos condenados por estos hechos.
«Las sentencias del Tribunal Constitucional no ponen en cuestión los hechos probados ni ponen en duda la existencia de este sistema de gestión sin control de millones de euros públicos o su uso para fines espurios», puntualizan desde el PP, desde donde añaden que dichas sentencias «sostienen que el mecanismo que los acusados utilizaron para habilitar este sistema --la creación de una partida específica en las leyes de presupuestos autonómicas-- no puede ser castigado por la justicia ordinaria al ser objeto posteriormente del aval parlamentario necesario para su entrada en vigor».
«Es decir: los hechos sucedieron, el gasto incontrolado se produjo, los usos espurios de dinero público se consumaron y los altos cargos lo facilitaron pero no pueden ser objeto de responsabilidad penal --parcialmente, porque la sentencia sí la reconoce para la tramitación de determinadas modificaciones presupuestarias-- porque los actos con los que habilitaron este proceder no fueron administrativos sino políticos, enmarcados en la relación entre gobierno y Parlamento», se puede leer en la exposición de motivos de la PNL del PP.
El Grupo Popular sostiene entonces que las referidas sentencias del TC «no establecen ni pueden establecer» un «relato fáctico alternativo sobre lo que sucedió en Andalucía en esos años», con «millones de euros públicos» que «fueron gestionados sin control» y «utilizados para fines distintos a los previstos gracias a un mecanismo diseñado y facilitado por los máximos cargos del gobierno de la Junta».
"gravísimos hechos de corrupción"
El PP justifica la presentación de esta iniciativa desde la premisa de que «resulta preocupante que se instale una falsa percepción en la opinión pública de que estos gravísimos hechos de corrupción jamás tuvieron lugar, o de que los dirigentes acusados fueron totalmente ajenos a ellos, cuando no es tal cosa la que se deduce de unas sentencias que únicamente cuestionan la posibilidad de perseguir penalmente unos hechos que no se niegan».
«Sería tremendamente grave para el discurso público y la ética de la política y de la administración de nuestro país que se diese por buena, aunque fuese a meros efectos discursivos y de opinión pública, una actuación indudablemente lesiva para los intereses públicos», advierte el Grupo Popular para subrayar a continuación que «el caso ERE existió, los fondos fueron utilizados indebidamente y los cargos del gobierno andaluz habilitaron los mecanismos que facilitaron, de modo deliberado, ese fraude, con independencia de si los medios que utilizaron para ello entran o no dentro del ámbito de lo perseguible penalmente».
«La controvertida procedencia o no del reproche penal a este caso no debe excluir en ningún caso el necesario reproche público, político, moral y ético a un modo de actuar que marcó la gestión pública en Andalucía durante años», concluye el PP para justificar la presentación de esta PNL pendiente de debate en el Pleno del Congreso de los Diputados.
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