En declaraciones a Europa Press, el rector de la Universitat de Girona (UgG) y presidente de la Associació Catalana d'Universitats Públiques (ACUP), Quim Salvi, ha pedido a los representantes políticos que asuman las 12 medidas «a muy corto plazo» de la Declaració de Calonge, como un plan de financiación para desplegar la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) hasta 2027.
Por su parte, el rector de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), Daniel Crespo, ha considerado que las universidades catalanas «están en un momento de recuperación», y sitúa como prioridades adaptar la oferta a la demanda, más coordinación con otras etapas educativas como la FP y aumentar la transferencia de conocimiento.
Fuentes de la Universitat de Barcelona (UB) han celebrado la elección de Montserrat, y llaman a continuar proyectos como el Eix Salut Diagonal o el nuevo Campus UB-Clínic; impulsar la cooperación entre agentes del mundo universitario y la investigación; la reforma del modelo de financiación; y desplegar la Losu y la Ley de la Ciencia catalana.
La Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) ha reclamado recursos para cumplir con los objetivos a nivel universitario y en investigación, renovar las plantillas, garantizar la igualdad de oportunidades a jóvenes vulnerables, y ha insistido en «un modelo e financiación estable y justo» y defender la universidad pública.
Inversiones y proyectos
La Universitat Pompeu Fabra (UPF) ve necesario un modelo de financiación plurianual y que no esté «tan ligado a programas específicos»; también pide menos burocracia y más incentivos para la transferencia del conocimiento, así como un incremento de los recursos para proyectos transversales y permitir ampliar el personal técnico de gestión, administración y servicios (PTGAS).
Por la Universitat Rovira i Virgili (URV) de Tarragona, su rector, Josep Pallarès, ha hecho referencia a cumplir con los objetivos fijados en la Declaració de Calonge, como es la financiación de 1.400 millones de euros para las universidades de cara a 2025 hasta llegar al 1% del PIB en 2030; mantener el plan de choque para el Personal Docente Investigador (PDI) y el PTGAS y mejorar infraestructuras.
El rector de la Universitat de Lleida (UdL), Jaume Puy, también se ha remitido como otros de sus homólogos a la Declaració de Calonge, que entre sus medidas, además del nuevo modelo de financiación, incluye recuperar un plan de inversiones universitarias (PIU) para el periodo 2024-2028 dotado con 100 millones de euros anuales.
Uoc y privadas
Por lo que respecta a las universidades privadas, desde la Universitat Abat Oliba CEU (UAO CEU) afirman estar convencidos de que la nueva consellera profundizará en el apoyo institucional al mundo universitario, y esperan que en el caso de su centro sea «clave» para el proyecto de expansión en el campo de las Ciencias de la Salud.
El rector de la Universitat Ramon Llull (URL), Josep Antoni Rom, ha considerado que el sistema universitario catalán «es maduro» pero que la nueva consellera deberá afrontar algunos retos como el modelo de financiación, la aplicabilidad de la investigación, la internacionalización y la competencia global entre universidades.
Por último, la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), que ha recordado que este año cumple 30 años desde su creación, ha insistido en su vocación de impulsar la formación a lo largo de la vida y la adaptación a un mercado laboral en transición digital, y cree que el Govern debe «sacar provecho», ya que recuerda que el Ejecutivo catalán forma parte del Patronato de la Fundació UOC.
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