Según los datos que figuran en la Agencia de la Dependencia de Andalucía consultados por Europa Press, en la comunidad, a 31 de agosto de 2024, se contabilizaban 415.660 solicitudes para la Dependencia, con el siguiente desglose: en Almería, 32.304; en Cádiz, 52.940; en Córdoba, 46.251; en Granada, 56.974; en Huelva, 30.098; en Jaén, 42.460; en Málaga, 69.775; y en Sevilla, 84.856.
En cuanto al tiempo medio de espera para resolver una solicitud, el plazo está actualmente en 603 días --la ley fija 180--, una cifra que «va a tocar techo» a finales de este año, según las previsiones de Ana Vanesa García, secretaria general de Inclusión Social, que apunta como explicación a este plazo de demora al hecho de que se haya implantado un único sistema informático para toda Andalucía donde antes convivían hasta cinco diferentes.
Al unificar todas las bases de datos «han aflorado expedientes de hace hasta cuatro años». «Entre optar por reducir los plazos y atender a las personas, hemos optado por lo segundo», reconoce en declaraciones a Europa Press. Este cambio de modelo informático va a provocar en los próximos meses «una ralentización» y una subida de los plazos medios de respuesta a las solicitudes pero «no vamos a dejar ni un expediente en los cajones», subraya García en alusión a la gestión de anteriores gobiernos en la Administración autonómica.
La secretaria general de Inclusión Social apunta a que en virtud al Decreto de Simplificación impulsado por el Gobierno andaluz, que entró en vigor en marzo de este año, el trámite para optar a la Dependencia es ahora de una visita y una resolución donde antes eran necesarias dos visitas. «Los usuarios están notando esta reducción pero aún no se han emitido las resoluciones administrativas» con las que constatar el impacto que esta simplificación administrativa tiene en los tiempos de espera.
Ana Vanesa García llama la atención sobre el hecho de que las solicitudes crezcan, fruto de un aumento de las expectativas de vida en Andalucía, y los recursos sean, por contra, «decrecientes», como consecuencia de las prórrogas presupuestarias del Gobierno de España. En 2023, Andalucía recibió 729 millones de euros del Estado y destinó 1.203 millones de fondos propios a la Dependencia. «La Ley dice que ambas administraciones tienen que aportar la mitad», recuerda. En 2024, al no haber presupuestos, Andalucía «dejó de percibir» los 200 millones de euros más que «estaban previstos para esta materia en los PGE». «Si en 2025 hay prórroga, serán 400 millones de euros menos los que dejemos de recibir», avisa.
En materia de financiación, la Secretaría General de Inclusión Social insiste en que el Gobierno tiene que garantizar una «financiación estable», es decir, que «todo el dinero nos llegue de manera directa, según el número de usuarios y nivel de Dependencia, y no vinculada a planes de choque que hoy pueden estar y mañana no». En estos momentos, la Consejería que dirige Loles López tiene en exposición pública el proyecto de orden por la que se desarrolla el procedimiento establecido para el reconocimiento de la situación de Dependencia y del derecho a las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en Andalucía, que deviene del Decreto de Simplificación y que implica actualizar la norma de 2007 con la incorporación de todas las novedades en materia de Dependencia en los últimos 17 años.
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