PP-A y Vox llevan el debate sobre la migración al Pleno del Parlamento de esta semana

En la iniciativa del PP-A, se reclama que el Gobierno central adopten las medidas necesarias para mejorar el control y protección de las fronteras españolas, dotando de los recursos necesarios a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE), incrementando el número de agentes encargados de su custodia.

También se plantea que el Ejecutivo nacional revise y mejores los acuerdos de cooperación con terceros países, especialmente con Marruecos, Senegal y Mauritania, para la colaboración en el control de los flujos migratorios irregulares, «con la garantía de respuesta de estos en la ejecución de los expedientes de devolución que tramitan las autoridades españolas, mejorando los recursos humanos y personal administrativo para ello».

Asimismo, se reclama al Gobierno que establezca un «fondo de contingencia suficiente para financiar a las comunidades en la atención a los menores extranjeros no acompañados, de tal forma que dote de recursos desde su acogida hasta su emancipación».

Se pide a la Junta que demande al Ejecutivo nacional que dote económicamente a Andalucía cada vez que realice un traslado de menores migrantes, o en su caso adultos migrantes que luego resulten ser menores migrantes, con el fin de poder atenderles con los recursos económicos que necesitan.

Respecto a la proposición no de ley de Vox, se insta a la Junta a reclamar al Gobierno central que tramite de forma urgente la «inmediata expulsión de todos los inmigrantes que accedan ilegalmente a nuestra nación, así como la de todos aquellos inmigrantes que, habiendo accedido legalmente, cometan delitos graves o hagan del delito leve su forma de vida», y a que tramite de forma urgente la «repatriación de los menores extranjeros no acompañados a sus países de origen con sus padres, familiares o entorno íntimo».

Se demanda a la Junta que se oponga «a la reubicación o acogida en Andalucía de cualquier inmigrante que haya entrado ilegalmente en España, al suponer no solo un enorme gasto de recursos públicos, sino también una amenaza para la seguridad de los andaluces», y que ponga en marcha todas las medidas necesarias para «garantizar la prioridad nacional en el acceso a las ayudas públicas concedidas por la Junta».

Otra reclamación al Gobierno andaluz es que proceda «al cierre» de los centros de menores extranjeros no acompañados «que crean inseguridad en las calles, dando prioridad a los más conflictivos» y que mientras sigan abiertos, se establezcan «las medidas e infraestructuras necesarias para garantizar la seguridad de los trabajadores de estos centros, la existencia de espacio suficiente y la seguridad de los vecindarios aledaños».

Vox también pide a la Junta que garantice «la transparencia en cuanto a la inmigración ilegal», informando detalladamente del número de menores tutelados (edad, sexo y nacionalidad), centros en los que están y coste para la administración autonómica, y que se publique la cuantía de todas «las ayudas percibidas por inmigrantes en situación irregular».