Este Real Decreto, a solo dos semanas de la entrada en vigor de la última prórroga, señalaba que habría un posterior desarrollo por orden ministerial de cuáles deberían ser los datos que se aporten por cada uno de los subsectores del turismo --alojamiento, coches de alquiler, agencias de viajes, plataformas de intermediación, campings, pisos turísticos--, pero los hoteleros critican que este desarrollo legislativo no existe, por lo que se produce una confusión generalizada con respecto a qué información sería exigible y a la forma de remitirla.
El sector hotelero, que «siempre ha colaborado con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado», se ha encontrado con la sorpresa de que tenía que facilitar datos no oficiales y que no aparecen en ninguno de los documentos que portan los viajeros --DNI y pasaporte-- tales como forma de pago, números de tarjeta de crédito, teléfono móvil domicilio real.
Desde hace meses el sector ha alertado de que «esto hace imposible remitirlos de forma automatizada, obligando a su registro y envío de forma manual y al consiguiente aumento de errores y trabajo desproporcionado de quienes los deben remitir».
Ante esta situación, todas las asociaciones sectoriales se han puesto de acuerdo, por primera vez, en los problemas que va a ocasionar una legislación que califican de «muy deficiente y de imposible aplicación».
Inseguridad jurídica
Las principales preocupaciones al respecto son varias como la «incompatibilidad» con la normativa de la Unión Europea, ya que la Comisión Europea y el TJUE, en la Sentencia C-817/19, han señalado que las medidas de tratamiento masivo de datos personales previstas en el Real Decreto «vulneran» las normativas comunitarias sobre protección de datos y privacidad.
La recolección y almacenamiento de datos, tal como está planteada, «no respeta» los principios de proporcionalidad y minimización, lo que podría generar sanciones, acciones judiciales y mayor inseguridad jurídica para los sujetos obligados.
Además, el Real Decreto implica una «injerencia significativa» en los derechos de privacidad de turistas y usuarios sin ofrecer salvaguardias claras, limitando la recolección masiva de datos a casos específicos y justificados.
Otro aspecto que critican es la «inseguridad jurídica e imposibilidad de cumplimiento» porque el Real Decreto «carece» de la concreción y claridad necesarias para evitar vacíos legales, lo que provoca inseguridad jurídica.
Asimismo, la normativa, el Real Decreto, «ignora» las complejidades operativas de las empresas afectadas, que se enfrentan a dificultades para recopilar los datos exigidos antes de la prestación de los servicios, lo que las expone a importantes sanciones debido a la imposibilidad de cumplir con estas obligaciones, con las consecuentes repercusiones operativas y reputacionales.
Desventaja competitiva
El tercer aspecto del que disienten es la «desventaja competitiva» en el mercado nacional y europeo. Las obligaciones impuestas por el Real Decreto colocan a las empresas españolas, o a aquellas que operan en España, en una «clara desventaja» frente a competidores en otros países de la UE que no tienen normativas similares.
Empresas y organizaciones europeas, como agencias de viajes, plataformas de comercialización, organizadores de congresos, hoteles, apartamentos turísticos y turoperadores, entre otros, han expresado ya sus dudas sobre el cumplimiento de esta normativa en los órganos europeos justificando su solicitud, en varios aspectos, entre los que se encuentran las dificultades que implica para el envío de viajeros a España.
El cuarto aspecto es la «falta» de adecuación tecnológica, porque en la actualidad, la infraestructura tecnológica necesaria para cumplir con las obligaciones de registro y comunicación «no está plenamente operativa», lo que redunda sobre la incertidumbre jurídica, la imposibilidad de cumplimiento añade probabilidad de riesgos operativos y reputacionales para los sujetos obligados.
La falta de preparación tecnológica ya ha sido señalada por la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) y la Comisión Europea, reforzando la afirmación de CEHAT de que la normativa no tiene en cuenta de manera adecuada ni la realidad operativa del sector turístico ni la normativa vigente en los mercados emisores internacionales.
Al mismo tiempo, la distribución de competencias en materia de seguridad en España genera la implementación de diferentes herramientas en distintas regiones del país, lo que supondrá una «dificultad adicional» para las empresas turísticas con centros de trabajo operativos en varios territorios a nivel nacional.
Carga administrativa
El quinto item que critica el sector es la «carga administrativa desproporcionada» porque las nuevas obligaciones de registro e identificación suponen una «sobrecarga» administrativa excesiva, especialmente para las pequeñas y medianas empresas (pymes), que constituyen el núcleo del sector turístico --el 95% de las empresas--.
Implementar estas exigencias incrementa los costos operativos y la complejidad de gestión, algo que muchas empresas no pueden asumir, enfrentándose además de a los riesgos expuestos, operacionales y reputacionales, a graves sanciones económicas por su incumplimiento.
Ante la falta de respuesta a los problemas planteados por las patronales por parte de los funcionarios implicados, el sector representado por CEHAT se ha dirigido a los ministerios de Turismo e Interior, así como a la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil, solicitando la revisión y ajuste del Real Decreto para garantizar la proporcionalidad y minimización de datos, así como un largo periodo para la adecuación tecnológica y adaptación de los sistemas operativos de las empresas.
En caso de que no se produzca la modificación, los hoteleros advierten de la imposibilidad de su cumplimiento y la pérdida de la fiabilidad de los datos de los que actualmente disponen los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado para prevenir los delitos y el terrorismo.
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