Observatorio Económico rechaza el cupo catalán: "La reforma de la financiación debe hacerse en un plano multilateral"

En su documento, el OEA apunta que el acuerdo entre ambas fuerzas para Cataluña expresa bilateralidad entre el Estado y la Generalitat de Cataluña en cuanto a las relaciones financieras; la gestión, recaudación, liquidación e inspección de todos los impuestos soportados en Cataluña correría a cargo de la Agencia Tributaria de Cataluña; desde Cataluña se realizaría una aportación a las finanzas del Estado para satisfacer el coste de los servicios que el Estado presta en Cataluña, así como en concepto de solidaridad con el resto de coomunidades, y siempre con la ordinalidad como condición indispensable.

Con estas coordenadas, el Observatorio entiende que «el acuerdo no es el fin del procés» sino «más bien la aceptación de algunas de sus hipótesis de partida, el llamado e injustificado maltrato fiscal».

Ante esta situación, ha mostrado su postura contraria y apunta que la bilateralidad entre el Estado y una comunidad en cuestiones financieras es una circunstancia aceptada solo en el caso de los territorios forales y la experiencia pone de manifiesto «la insolidaria relación que estas haciendas mantienen con la estatal y el resto de comunidades».

Además, señala que «la previsible fragmentación» de la Agencia Tributaria que se deriva del acuerdo tiene el peligro de afectar a la eficiencia, eficacia y equidad de la gestión tributaria en España.

«En cualquier caso, abordar un cambio de esta naturaleza, con posibles requisitos de reforma constitucional, a partir de un acuerdo de investidura regional sobrevenido por las contingencias electorales del momento, de ninguna manera es un procedimiento aceptable. En un Estado de Derecho, los procedimientos son tan relevantes como el contenido», ha afirmado.

"alternativa constructiva"

El Observatorio ha querido aportar de manera «constructiva» a este debate de financiación autonómica y ha considerado que «cualquier reforma del sistema de financiación autonómica debe realizarse desde un plano multilateral y como proyecto integrador de país», bajo los criterios de «equidad y redistribución interpersonal». De esta manera, llama a apostar por una nivelación completa de las capacidades fiscales de todas las comunidades para prestar un mismo nivel de servicios públicos.

También considera «incongruente» alegar problemas de financiación de los servicios públicos autonómicos al tiempo que se adoptan rebajas fiscales que «afectan negativamente a la recaudación». En este sentido, ha pedido al Gobierno andaluz que exhiba una política fiscal «sostenible y mejoras de gestión pública, sin perjuicio de una legítima reclamación de reforma del sistema de financiación».

Llama a que la reforma de la financiación autonómica «no se traduzca en incrementos desproporcionados del gasto público autonómico», sino que, al contrario, «se requiere un refuerzo de la disciplina fiscal de todas y cada una de las comunidades» para avanzar de manera sostenida y eficaz en la reducción de los importantes volúmenes de deuda pública de estas administraciones.

Reestructuración de la deuda pública

En ese contexto, el Observatorio ha señalado que ayudaría el diseño y puesta en marcha de «un programa serio de reestructuración (o incluso condonación) de la deuda pública autonómica en manos del Estado». Dicho programa, según detalla, debería estar ligado a «una condicionalidad estricta», ponderando especialmente la infrafinanciación relativa de las comunidades, con el objetivo de facilitar «la salida de buena parte de las comunidades a los mercados para buscar allí el grueso de sus necesidades de financiación».

De igual manera, insta a la creación de un consorcio tributario entre la Agencia Tributaria estatal y las autonómicas, «una posibilidad constructiva en términos de eficiencia y eficacia, con implicaciones positivas para la gobernanza fiscal del país». «No defendemos la creación de 15 consorcios tributarios bilaterales, sino la de un único consorcio», ha precisado.

Por último, ha mostrado su idea de armonización fiscal, como «punto intermedio entre la centralización de los impuestos y la competencia fiscal».

Desde 2014

El Observatorio Económico de Andalucía ha recordado que la reforma del sistema de financiación debería haberse abordado en 2014, según mandata la Ley 22/2009, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas (CCAA) de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía.

Sin embargo, advierte de que «diversos gobiernos de diferente signo político han sido incapaces de plantearla de manera efectiva», a pesar del relativo consenso académico al respecto.