La Junta niega que se adjudicaran 458 millones en el SAS "en fraude de ley" y acusa al PSOE-A de "tergiversar"

Sobre este asunto, adelantado por eldiario.es, el Gobierno andaluz ha acusado al PSOE-A de usar los informes de auditoría «facilitados» por el Gobierno andaluz a los socialistas «de forma tergiversada, casualmente, el día después de conocerse un nuevo escándalo de enchufes y borrado de ordenadores en el caso Faffe, donde están imputados familiares muy directos de importantes cargos políticos del PSOE».

La Junta ha aclarado que los 458,3 millones de euros corresponden a la «suma de todos los contratos menores» en las centrales de compras del SAS en Cádiz, Córdoba, Huelva y Jaén en 2021. En esas cuatro provincias, se hicieron 295.914 contratos menores y «los interventores han analizado solamente 573 contratos, el 0,19%». «Extrapolar algunas salvedades de una muestra del 0,19% a la totalidad de los contratos menores efectuados por el SAS en esas cuatro provincias en 2021 para decir que todos están en fraude de ley es una absoluta falta de rigor».

El contrato menor es una «figura legal válida» para contratar y «en ningún caso se ha detectado desvío de fondos públicos», ha apuntado, al tiempo que ha asegurado que los contratos sirvieron para comprar medicamentos, prótesis y marcapasos, entre otros materiales, que «han sido suministrados, recetados o implantados en pacientes que ahora tienen un problema de salud resuelto».

En esta línea, la Junta ha lamentado que «el PSOE promueva en sus redes sociales acciones de desinformación para tapar sus propios escándalos» y ha emplazado al secretario general del PSOE andaluz, Juan Espadas, a que «reflexione y le dé al botón de 'stop' de la máquina del fango, con el que pretende embarrar el prestigio de la sanidad pública de Andalucía».

Ha recordado, por último, que «fue el Gobierno andaluz el que facilitó al PSOE 68 informes de auditoría en un ejercicio de transparencia sin precedentes en Andalucía, y el PSOE los está utilizado de forma tergiversada, casualmente, el día después de conocerse un nuevo escándalo de enchufes y borrado de ordenadores en el caso Faffe, donde están imputados familiares muy directos de importantes cargos políticos del PSOE».