La federación socialista madrileña ha acordado una serie de enmiendas a la Ponencia Marco de la dirección federal durante una convención precongresual celebrada este lunes en Leganés y que llegarán vivas al 41ª Congreso Federal, entre el 29 y el 1 de diciembre que se celebrará en Sevilla, junto a las del resto de territorios, un texto que fijará las líneas básicas del socialismo para los próximos cuatro años.
Fuentes de la federación socialista madrileña han destacado la «alta» participación, que definen además como «muy positiva». En concreto, se han recibido casi 2.000 aportaciones de un centenar de agrupaciones socialistas madrileñas vía enmiendas en forma de sustitución, adición y supresión. Servicios públicos ha concentrado el mayor número de aportaciones, y, junto a vivienda, educación y sanidad, residencias y dependencia, son las cinco áreas temáticas principales de estas propuestas.
En cualquier caso, son las enmiendas en materia de financiación autonómica, con la «financiación singular» para Cataluña como punto de mira, las que han concentrado un mayor interés. El secretario general del PSOE-M, Juan Lobato, presentó esta semana su propuesta sobre financiación autonómica en la que trata de aportar una alternativa para encajar el modelo catalán en el resto de España y hacerlo compatible con el ideario socialista.
En ella, plantea que todas las comunidades autónomas, no solo Cataluña, puedan acogerse a la financiación singular que recoge el pacto entre ERC y PSC, y sacar del «debate político» la aportación al fondo común de financiación de servicios públicos.
Enmiendas sobre financiación autonómica
Entre las enmiendas que se han acordado por parte de la militancia madrileña figura un párrafo para que el sistema de financiación responda al principio de «justicia social», es decir, que cada Comunidad Autónoma aporte «conforme a su capacidad económica» y reciba según «sus necesidades».
Igualmente, desde la federación madrileña se plantea incluir otro párrafo que defiende la necesidad de «tender a la máxima nivelación que garantice la máxima equidad», con el límite de que el sistema de financiación «no altere la posición de distintas regiones en relación con su PIB p/c (principio de ordinalidad amplio)».
«Establecer que se garantice que todas las Comunidades Autónomas aportan a la caja común y las normas por las que se establecen los criterios de aportación y reparto son estables, y comunes a todas las regiones», defiende esta enmienda.
Además, frente a la federalización de la Agencia Tributaria que defiende Ferraz, desde el PSOE-M se plantea una enmienda para poner en valor la «eficacia» del organismo recaudador y «garantizar que siga siendo un elemento central» en la gestión del sistema tributario. Todo ello, se señala, «sin perjuicio de que se pueda mejorar la coordinación y cooperación con las haciendas autonómicas».
Compatible con el ideario socialista
Según Lobato, el modelo planteado por Cataluña conlleva que el Estado renuncie a su potestad de fijar la progresividad fiscal que garantiza la igualdad y la justicia entre todos los españoles, ya que dejaría de ser la Administración General del Estado quien recaude y reparta los recursos y esta potestad quedaría en manos de las comunidades autónomas.
Por tanto propone que --para que ese sistema sea compatible con el ideario socialista-- se deben poner condiciones, y que la aportación de cada comunidad al Estado sea en función de su capacidad económica. En ningún caso, advierte, esta cantidad puede ser «aleatoria, caprichosa ni fruto de un acuerdo espontáneo entre las partes, susceptible de ser fijado o alterado por razones distintas a la capacidad económica», señala en el documento que trasladó a la militancia de Madrid.
Ferraz se muestra partidaria de revisar la armonización de impuestos autonómicos «para evitar la competencia a la baja» y de «federalizar» la dirección de la Agencia Tributaria para dar más capacidad de decisión a las comunidades autónomas.
Aunque no hacen referencia explícita al pacto con ERC, que contempla traspasar todos los impuestos a Cataluña para que sea la comunidad quien recaude y gestione, sí indica que el nuevo sistema debe compatibilizar «multilateralidad y bilateralidad» y señala que se mantendrá la «solidaridad» entre territorios «a igual esfuerzo fiscal».
Desde Madrid advierten que el modelo catalán conlleva un cambio significativo respecto al actual, dado que las aportaciones al Estado pasarían de hacerlas directamente los individuos a través de sus impuestos a hacerlas los territorios.
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