Gobierno suma 510 plazas para migrantes en Carabanchel y Alcalá y Comunidad alerta de "saturación" en estos dos centros

En respuesta al correo electrónico enviado por el delegado de Gobierno en Madrid, Francisco Martín, el consejero de Presidencia, Justicia y Administración local y portavoz del Gobierno regional, Miguel Ángel García Martín, ha mostrado su «indignación» y le ha reiterado su preocupación por la «saturación de esos macro-campamentos» que, según los cálculos estimados del Gobierno regional, «suman más de 3.210 plazas».

Estos centros son el Cuartel General Arteaga, ubicado en el barrio de Carabanchel de la capital, con capacidad inicial para hasta 1.200 plazas, y del acuartelamiento Primo de Rivera, situado en Alcalá de Henares, con una capacidad máxima de 1.100 personas, que el Ministerio de Defensa cedió en Madrid para acoger a migrantes, ante el desbordamiento de las instalaciones ubicadas en Canarias concebidas para este propósito.

Así las cosas, el consejero de Presidencia ha solicitado al delegado de Gobierno conocer el número de plazas totales habilitadas en estos dos centros, así como en el de refugiados de Pozuelo de Alarcón, y en el resto de lugares habilitados, y el número de las personas que ya han pasado por los mismos desde su puesta en marcha.

En este sentido, ha incidido en que le «resulta paradójico y cínico» que la Delegación del Gobierno cuestionara desde el primer momento la puesta en marcha del centro de La Cantueña en Fuenlabrada, con 99 plazas, «perfectamente ajustada a los requerimientos legales», cuando desde el Gobierno de Pedro Sánchez «siguen ampliando plazas en estos macro-campamentos sin ninguna previsión».

Asimismo, le ha pedido que le traslade las actuaciones que el Gobierno va a llevar a cabo para «poner freno a la grave crisis migratoria» a través de la llamada ruta canaria, y de forma particular, a través de Madrid-Barajas. Además, ha solicitado al Ejecutivo que llegue a acuerdos con los países en origen y con la Unión Europea para poner «medidas reales» que permitan un control de la inmigración irregular que llega al país.

Explicaciones por la intoxicación alimentaria en pozuelo

En su misiva al delegado del Gobierno, el consejero de Presidencia también le cuestiona por el brote de intoxicación alimentaria en el Centro de Recepción, Atención y Derivación de Refugiados (CREADE) ubicado en Pozuelo de Alarcón, con al menos 142 afectados, y las actuaciones que el Ejecutivo central tiene pensado poner en marcha para evitar que este tipo de situaciones vuelvan a repetirse.

El origen apunta «a deficiencias de importancia en relación con la manipulación de alimentos» servidos en el centro por el servicio externalizado de catering a cargo de los menús, según determinó la investiación de Salud Pública. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones explicó que se habían reforzado las medidas para la manipulación de alimentos, así como la revisión de electrodomésticos y protocolos en el centro, y no ha habido ningún incidente posterior.

García Martín, quien ha cargado contra el «caos migratorio» y la «falta de control y de medidas efectivas puestas en marcha por el Gobierno central para paliar una situación que »se prolonga en el tiempo", ha pedido que se dote a comunidades autónomas y a ayuntamientos de los medios y recursos económicos necesarios para atender a estas personas.

Programas formativos en la cantueña

Como apunta el consejero, la actual crisis migratoria que vive España ha requerido habilitar «en el menor tiempo posible», un centro en Fuelabrada para «descongestionar la red de protección de menores» en la región. En lo que va de año, la Comunidad de Madrid ha atendido a más de 2.000 menores no acompañados.

Así, García Martín ha defendido el modelo implantado en La Cantueña, en el polígono de Cobo Calleja, donde reciben clases de castellano, realizan salidas a instalaciones deportivas cercanas y cuentan con una pista de fútbol habilitada en el centro. Además, los educadores están desarrollando salidas durante la semana para enseñar a los menores a moverse en transporte público y conocer las opciones de ocio gratuito existentes en Madrid.

El centro de La Cantueña cuenta con un proyecto con el Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario (IMIDRA), que incluye visitas a las fincas y centros para conocer la producción de alimentos, y con la entidad social CESAL para que los jóvenes realicen prácticas en sus instalaciones. Comprende dos itinerarios en formación: en Manipulación de Alimentos y de Ayudante de Cocina, explican desde el Ejecutivo regional.

La Fundación CESAL ofrece apoyo tanto psicológico como educativo durante este proceso, para asegurar que los estudiantes seleccionados estén motivados y que la formación elegida se ajuste a sus capacidades y deseos de crecimiento profesional. Asimismo, próximamente se iniciará otro programa formativo en logística.

Este centro de primera acogida de inmigrantes ha suscitado la polémica entre la Administración regional y local, ya que se encuentra alejado de viviendas, institutos o parques y rodeado de vías de circunvalación. Para facilitar el acceso, la Comunidad señala que hay varias líneas de transporte público y la entidad que lo gestiona ha habilitado 10 vehículos para trasladar a menores a las realizadas fuera del centro.

El TSJM desestimó el recurso del Ayuntamiento de Fuenlabrada, que pidió paralizar las obras al priorizar la situación de los menores migrantes frente a la normativa urbanística, y manteniendo en suspenso la reversión solicitada de la cesión de los terrenos, cuya titularidad corresponde a la Comunidad. Fuenlabrada también ha recurrido ante este mismo tribunal la adjudicación de las obras por la vía de emergencia del Gobierno regional.