El abogado Gustavo Collao, integrante del equipo jurídico de
Pinochet, presentó ayer un recurso de amparo ante la Corte de
Apelaciones de Santiago para que anule el auto de procesamiento,
argumentando que la decisión de juez Guzmán Tapia es arbitraria y
contraria a Derecho. El fundamento de este recurso es que el
magistrado dictó la resolución sin haber interrogado antes a
Pinochet y sin haber esperado a que el general en retiro, de 85
años, fuese sometido a exámenes médicos que aclaren si sus
facultades mentales le permiten afrontar un proceso.
Sin embargo, tanto el juez Guzmán, que investiga las 185
denuncias criminales presentadas hasta ahora contra el ex
gobernante militar, como los abogados querellantes en las causas
por violaciones a los derechos humanos sostienen que estos
argumentos carecen de solidez. Y ello es porque cuando Augusto
Pinochet estaba detenido en Londres, el magistrado ya le envió dos
exhortos para que respondiera a preguntas sobre la «Caravana de la
Muerte» y eso ahora podría considerarse como una declaración
indagatoria. La «Caravana de la Muerte» es la comitiva militar que
semanas después del golpe de Estado de septiembre de 1973 ejecutó
sin juicio a 74 presos políticos, algunos de cuyos cadáveres siguen
sin aparecer.
En contraste con la serenidad del octogenario general, los jefes
de las Fuerzas Armadas y los generales del Estado Mayor del
Ejército han mantenido una intensa actividad desde que se conoció
la decisión del juez Juan Guzmán. También el Gobierno se reunió con
carácter extraordinario para estudiar los alcances del
procesamiento de Pinochet. Con la ausencia del presidente de la
República, Ricardo Lagos -quien asiste en México a la investidura
presidencial de Vicente Fox- se dieron cita en La Moneda los
ministros Portavoz, de Defensa, de Justicia, de la Presidencia y
del Interior.
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