Las autoridades de Cincinnati (EE UU) endurecieron ayer las medidas
de seguridad en la ciudad, alterada desde el lunes por violentos
disturbios a raíz de la muerte de un joven negro por disparos de la
policía, por temor a que se desencadenen nuevos incidentes durante
el sepelio de la víctima. Tras una noche tranquila, buena parte de
Cincinnati (Ohio) se encuentra bajo severas medidas de seguridad
para evitar nuevos incidentes durante el funeral y entierro del
joven negro Timothy Thomas, de 19 años, muerto el pasado sábado al
ser tiroteado por el agente de raza blanca Stephen Roach, según
cuentan los familiares de la víctima.
El funeral por Thomas se celebró ayer en la iglesia baptista
'New Prospect' del barrio negro de Over-the-Rhine, en el norte de
Cincinnati, y escenario de la mayor parte de los actos violentos de
protesta. Entretanto, diversas organizaciones de la minoría negra
de Cincinnati, que constituye el 43 por ciento de los 331.000
habitantes de la ciudad, hicieron un llamamiento a la calma y la
comprensión. Los disturbios registrados en los últimos cinco días
en las calles de Cincinnati, especialmente en la zona de
Over-the-Rhine, obligaron a su alcalde, Charles Luken, a declarar
el pasado jueves el estado de emergencia y el toque de queda en la
ciudad entre las doce de la noche y nueve de la mañana, hora
española. Esta medida ha sido ampliada para la noche de del sábado
al domingo ya que, según un portavoz de la policía, se dan todas
las condiciones que motivaron su aplicación.
El portavoz policial agregó que durante la segunda noche del
toque de queda fueron detenidas 200 personas, en su mayoría por
hacer caso omiso a esta disposición. Desde el comienzo de los
incidentes, el pasado lunes, han sido detenidas más de 300
personas, agregó el portavoz. De momento, el agente Roach, cuya
acción es investigada por la policía federal (FBI) y la oficina de
derechos civiles del Departamento de Justicia, ha sido suspendido
de empleo, aunque no de sueldo. A petición de numerosos líderes
negros, el fiscal general, John Ashcroft, ordenó que un grupo de
abogados de la sección de derechos civiles de ese departamento abra
una investigación sobre las prácticas y los procedimientos de la
policía de Cincinnati.
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