La decisión de enviar a Milosevic a La Haya fue tomada por el
Gobierno serbio, en contra de una decisión del Tribunal
Constitucional de Yugoslavia, que horas antes había suspendido la
entrada en vigor de un decreto gubernamental federal al respecto.
Nemanje Kolesar, portavoz del primer ministro serbio, el pro
occidental Zoran Djidjic, explicó que 21 de los 23 miembros del
Gobierno de Serbia, reunido en sesión urgente, apoyaron la
extradición de Milosevic, a pesar del fallo del Tribunal
Constitucional de la federación yugoslava, compuesta por Serbia y
Montenegro.
Los partidarios de Milosevic se concentraron frente a la cárcel
donde su líder se encontraba desde el 1 de abril en prisión
preventiva por supuesto abuso de poder y malversación, aunque no
por crímenes de guerra. El ministro del Interior yugoslavo, el
serbio Zoran Zivkovic, había predicho ya, tras la negativa del
Tribunal Constitucional federal, que Serbia actuaría por su cuenta
al margen de la Federación, y que colaboraría con La Haya.
Djindjic explicó a los periodistas que el artículo 135 de la
Constitución serbia autoriza a esta república yugoslava a asumir
tareas federales «cuando los órganos federales no estén en
condiciones de hacerlo». Antes de adoptarse esta decisión, el
Partido Socialista Popular (SNP) de Montenegro había amenazado con
retirarse del Gobierno federal y provocar con ello la caída del
Gabinete y elecciones anticipadas. En Serbia, la coalición de 18
partidos Oposición Democrática de Serbia (DOS), que venció a
Milosevic el pasado otoño, tiene mayoría de dos tercios en el
Parlamento, pero sólo mayoría relativa en la Asamblea federal. La
DOS necesitó para cambiar la Ley de extradición el apoyo de su
aliado normal, el Partido Socialista Popular (SNP) de Montenegro,
que se negó a seguir a esa coalición en esta cuestión.
El SNP no quiso participar en revocar el artículo que prohíbe la
extradición de ciudadanos yugoslavos a tribunales extranjeros,
aunque se manifestó de acuerdo en juzgar a Milosevic y condenarlo
por lo que fuera dentro Yugoslavia. Al no haber obtenido ese apoyo,
la DOS recurrió a un decreto avalado por sus nueve ministros del
Gobierno federal, en contra de los siete montenegrinos del SNP. Fue
ese decreto que suspendió ayer el Tribunal Constitucional federal,
en el fallo desatendido por el Gobierno de Serbia. Ante los
salarios de miseria y un decenio de bloqueo y aislamiento, no se
esperan disturbios importantes, ya que ahora hay perspectivas de
que termine el bloqueo financiero y empiecen las ayudas tras la
entrega de Milosevic. A partir de este decisión serbia, a todas
luces, Yugoslavia obtendrá hoy en la Conferencia de países donantes
de La Haya unos 1.200 millones de dólares (más de 250.000 millones
de pesetas).
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