Esta medida no afectará al contenido de las comunicaciones, al
cual sólo podrán acceder las fuerzas de seguridad con una orden
judicial cuando se produzcan indicios de delito.
La Presidencia británica intentará la aprobación de la normativa
en primera lectura con el Parlamento europeo en la próxima sesión
de Estrasburgo, que comienza el 12 de diciembre. El texto contempla
que el precio de esta medida se tratará a nivel nacional y no
europeo, por lo que habrá la posibilidad de que los gobiernos
reembolsen a las operadoras por el coste de este almacenamiento
extra. Se responden así a las preocupaciones mostradas por los
países con fuertes operadoras como Finlandia y Alemania, pero
también la Eurocámara.
Según cálculos del Consejo, la creación de una base de datos con
todas las llamadas efectuadas y recibidas por cada usuario tendría
un coste para cada compañía de 100 millones de euros para crear la
infraestructura necesaria, así como 50 millones de euros anuales
por su mantenimiento.
En contra de los países nórdicos y Alemania que argumentaban
problemas financieros, España ha defendido durante toda la
negociación la conservación de las llamadas perdidas, puesto que
fueron determinantes en las investigaciones de los atentados del
11-M. Para el caso de Internet, las compañías deberá conservar los
datos de los e-mail, así como otros datos sobre la navegación en
páginas web.
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