La policía italiana culminó ayer una vasta operación contra la delincuencia callejera y la inmigración clandestina en la que fueron detenidas cerca de 400 personas en todo el país. Más de la mitad, un total de 268, son extranjeros, procedentes de Marruecos (50), Rumanía (32), Túnez (25), Nigeria (18), Egipto (16), Serbia (16), Albania (14) y otras nacionalidades (97).
La operación, que empezó hace una semana, se llevó a cabo con la colaboración de la Policía rumana y se desarrolló en las zonas de las principales ciudades que registran mayores niveles de criminalidad, como locales nocturnos, suburbios o estaciones de tren y autobús. Además, las autoridades del país transalpino decretaron la expulsión de Italia de 118 de los detenidos, de los que 53 serán acompañados directamente a la frontera y otros 65 serán trasladados a los Centros de Permanencia Temporal (CPT).
Según explicó el director anticrimen de la policía italiana, Francesco Gratteri, la operación tenía como objetivo combatir los «delitos que suelen estar ligados a la inmigración clandestina», aunque la acción no iba dirigida a una «categoría o etnia específica, sino que tenía como único objetivo combatir un tipo de criminalidad que ha provocado un aumento de la alarma social», aclaró.
Por otra parte, la Comisión Europea recordó a Italia que las expulsiones de extranjeros deben realizarse «caso por caso» y por criterios de orden público, seguridad o sanidad pública.
Un portavoz de la CE, Pietro Petrucci, señaló que estos criterios están incluidos en la directiva europea sobre libre movimiento de personas, que establece un «equilibrio adecuado» entre las necesidades de seguridad y el respeto a la libertad de movimientos. Además, anunció su intención de nombrar comisarios específicos para los rumanos que viven en el país.
El portavoz comunitario no quiso hacer comentarios acerca de si esos nombramientos serían compatibles con las normas de la UE, y pidió esperar hasta que el procedimiento sea finalizado y «se definan las competencias» de esos cargos.
Paralelamente, Nápoles se sumó ayer a la petición de Roma y Milán para tener un «comisario extraordinario» con poderes de decisión sobre el destino de los gitanos, muchos de ellos emigrantes rumanos.
El alcalde de Roma, Gianni Alemano, dijo el miércoles que los gitanos italianos serán integrados, mientras que los que no lo sean deberán vivir en la legalidad o serán expulsados.
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