El Gobierno italiano enviará a su ministro de Políticas Comunitarias, Andrea Ronchi, a Madrid para «ilustrar» al Ejecutivo que dirige José Luis Rodríguez Zapatero «lo que no conocen» sobre su postura en materia de inmigración, según anunció el ministro italiano de Exteriores, Franco Frattini, en declaraciones a la radio pública italiana (RAI).
Ésta es la solución por la que ha optado el Gobierno de Silvio Berlusconi para responder a las críticas que algunos miembros del Ejecutivo español han dirigido contra su política de inmigración.
En un primer momento la polémica surgió a raíz de unas declaraciones emitidas por la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, y que posteriormente aclaró, asegurando que se trataba de una condena a los «incidentes concretos» relacionados con «la violencia, el racismo y la xenofobia» que tuvieron lugar la semana pasada en Italia contra algunas comunidades de gitanos.
Sin embargo, el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, volvió ayer a la carga, al asegurar que el primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, «quiere criminalizar al diferente», mientras que la ministra de Igualdad, Bibiana Aído, contribuyó a aumentar la tensión, después de declarar al diario El País que le pagaría un psiquiatra a Berlusconi, «aunque no sé si sería demasiado efectivo. Le harían falta muchas sesiones», añadió.
Por esta razón, Frattini decidió ayer dejar al embajador italiano en España, Pasquale Terracciano, el encargo de «promover un encuentro entre el miércoles y el jueves» entre Ronchi y su homólogo español.
En cuanto a las declaraciones de los ministros españoles, Frattini consideró que «además de ser desagradables, son fruto de una falta de conocimiento de las iniciativas del Gobierno Berlusconi sobre esta materia».
«Tomo nota del hecho de que el presidente Zapatero ya desmintió a sus ministros, pero, francamente, ya es hora de acabar con estas invasiones de terreno», reiteró.
«Creo que no son aceptables las declaraciones de los ministros que interfieren en la autoridad de un Gobierno elegido por los ciudadanos italianos» y precisamente «sobre una materia como la de la inmigración, en la que es necesaria una cooperación estrechísima entre España e Italia», ya que ambas tienen un «interés común», concluyó Frattini.
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