Los gobiernos de la Unión Europea han decidido mantener con vida el Tratado de Lisboa, pese al resultado negativo del referéndum irlandés, completando los trámites de ratificación parlamentaria en los ocho países que aún no los han concluido.
Tras oír a su colega irlandés, Michael Martin, los ministros de Asuntos Exteriores de la UE acordaron ayer continuar con los procedimientos, con la esperanza de que a finales de año veintiséis de los veintisiete hayan ratificado el nuevo tratado.
En el mejor de los casos, la crisis abierta provocará un considerable retraso en las reformas internas de la UE, que pugna desde hace más de un lustro por adaptar sus instituciones a la nueva realidad de una Europa ampliada a 27 estados.
El ministro irlandés, que no pudo dar a los socios europeos indicación alguna sobre las razones del 'no' ni ninguna pista de salida, aseguró que Irlanda «sigue comprometida con la construcción europea» y «no quiere que la dejen atrás». Nadie quiso blandir la amenaza de una Unión sin Irlanda o una Europa de dos velocidades.
La gran incógnita es la República Checa, donde el voto parlamentario sobre el tratado se encuentra en estos momentos pendiente de un dictamen del Tribunal Constitucional.
El Gobierno británico, presionado también por una opinión pública muy euroescéptica, tranquilizó a sus socios sobre su decisión de completar la ratificación esta misma semana.
En Praga, la situación es mucho más delicada porque, incluso si el Parlamento finalmente aprueba el texto, el presidente checo, Vaclav Klaus, conocido euroescéptico, podría negarse a firmar la ley.
En Luxemburgo, el ministro checo de Exteriores, Karel Schwarzenberg, reconoció que no se puede forzar al presidente de la República a sancionar la ratificación, si no quiere.
La mayoría de los ministros europeos se esforzó ayer por minimizar el alcance de la crisis abierta por el 'no' irlandés.
Según el jefe de la diplomacia española, Moratinos, «no estamos en una hecatombe, no hay crisis europea, no hay sensación de colapso de las instituciones y del alma europea».
Todos procuraron, por el contrario, mostrar «respeto» por la «decisión soberana» del pueblo irlandés y «solidaridad» con las autoridades, que se ven ahora ante la difícil tesitura de hacer cumplir la voluntad popular preservando la tradicional vocación europea del país.
Por su parte, el presidente español, José Luis Rodríguez Zapatero, afirmó que «Irlanda debe comprender» que su 'no' a un acuerdo alcanzado después de «duras y complejas negociaciones no puede suponer sin más un freno a los deseos de la inmensa mayoría de avanzar» en la integración europea.
Zapatero afirmó que debe respetarse la decisión de los irlandeses, pero también «la de la mayoría de los europeos de querer más Europa».
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