La complejidad del entramado económico moderno y sus
interrelaciones hacen preciso que se intervenga en la producción
agrícola para poder adecuarla a las necesidades reales del mercado.
Es precisamente en este contexto en el que surge la propuesta del
comisario europeo Fischler, incluida en la llamada Agenda 2000.
Según éste, estas nuevas directrices agrícolas igualarían a los
grandes agricultores con los pequeños.
Esta opinión dista mucho de ser compartida por los profesionales
del sector que ayer, en un buen número, se manifestaron contra las
reformas propuestas por Fischler. Además, debe tenerse en cuenta
que las ayudas a los agricultores se verían sensiblemente
reducidas, hecho éste que repercutiría especialmente en los
españoles, que aún recuerdan lo sucedido con el aceite de
oliva.
Dadas estas circunstancias, parece preciso que las autoridades
comunitarias tengan en cuenta la opinión de quienes se verán
afectados por esta regulación. El acuerdo se percibe como
absolutamente necesario para poder avanzar sin causar un trauma
irreversible en quienes se ocupan de los cultivos y la ganadería.
Si bien es cierto que, en el marco actual, los agricultores deben
comenzar a plantearse que su trabajo tiene que adecuarse a los
nuevos tiempos y a las exigencias de la oferta y la demanda.
Pero, por las experiencias vividas hasta ahora, las carencias
democráticas de la Unión Europea vuelven a aflorar y los comisarios
proponen y ejecutan reformas sin la más mínima participación de los
afectados. Los países de la UE deberían plantearse, además de la
reforma de la agricultura, la reforma de las mismas estructuras de
la UE. Al choque de la tierra con la burocracia se sucederán otros
muchos mientras esto no acontezca.
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