El Gobierno, tras haber alcanzado un acuerdo con las principales
organizaciones sindicales, UGT y CC OO, adoptó la decisión de
incrementar de forma significativa las pensiones mínimas, tanto las
contributivas como las no contributivas. Este aumento se produce
después de la guerra abierta entre determinadas comunidades
autónomas y el Ejecutivo central sobre este asunto. La primera en
tomar una decisión de este tipo fue la andaluza, gobernada por el
PSOE, pero a ello se sumaron otras, incluso la misma Generalitat
catalana.
El tema de las pensiones se convirtió una vez más en un
argumento electoralista por parte de todas las fuerzas políticas,
lo que llevó a importantes enfrentamientos dialécticos y a
demagogias que no conducían a nada por uno y otro lado.
Era preciso que las pensiones mínimas se vieran incrementadas y
que este aumento se efectuara de una forma adecuada y justa y, al
mismo tiempo, se realizara teniendo en cuenta el difícil equilibrio
del sistema nacional. Todos conocemos las dificultades y los
equilibrios que tienen que hacer los perceptores de estas pensiones
mínimas para llegar a fin de mes. Es por ello que, aunque las
cantidades no sean espectaculares para cada uno de ellos, el
aumento sí puede significar un cierto alivio de estas difíciles
situaciones.
Ahora bien, esta decisión igual pudo haberse adoptado mucho
antes y hemos tenido que esperar a que el enfrentamiento entre el
Gobierno y determinadas autonomías forzara este cambio. Y tampoco
puede olvidarse que esto sucede justo cuando los socios catalanes
del Gobierno de Aznar apostaban por apuntarse a las aumentos
iniciados por Andalucía. Aún así, bienvenida sea una decisión que
viene a reparar, hasta cierto punto, una situación del todo
injusta.
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