Al fin se produce una buena noticia en torno a la actitud
política frente al terrorismo. El ministro de Interior, Jaime Mayor
Oreja, recibió ayer a una delegación del Partido Socialista, a la
que debía informar acerca de la lucha contra ETA. Sin embargo, la
reunión fue más allá y, además del lógico intercambio de
información, el encuentro se prolongó durante cuatro horas y acabó
en un diálogo fluido y en un exhaustivo análisis de la dura
realidad que vivimos.
De esta primera toma de contacto con los grupos parlamentarios
se han derivado algunas conclusiones importantes: la primera de
ellas ha sido un pacto PP-PSOE para que el marco que acoja el
proceso de paz en Euskadi sea el de la Constitución y el del
Estatuto de Guernica, que ahora mismo son las leyes supremas que
rigen allí.
Las fuerzas nacionalistas habrán acogido la noticia con el alma
encogida, pues significa cerrar de un portazo la puerta al
reclamado derecho de autodeterminación. Claro está que la idea era
más que previsible en dos partidos "mayoritarios y de enorme fuerza
en el País Vasco" de carácter centralista que jamás verían con
buenos ojos la remota posibilidad de la independencia de cualquier
región española, aspiración que sostienen "aunque utópicamente" el
PNV, EA y Euskal Herritarrok.
Otra de las conclusiones de peso ha sido el acuerdo para
considerar el terrorismo como cuestión de Estado, de forma que se
afronte desde el Estado y con las armas que el Estado tiene en su
poder. O sea, que Madrid lleve la voz cantante en la lucha contra
ETA, contando siempre con el apoyo y la solidaridad de los partidos
representados en el Parlamento. Una primera experiencia que deja a
los nacionalistas prácticamente fuera del juego en un asunto en que
también tendrán mucho que decir.
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