Els Verds anunciaron ayer su intención de no dar apoyo al
impuesto turístico, más conocido como ecotasa, si la recaudación
del mismo no se destina de forma íntegra a mejoras
medioambientales, oponiéndose a que con ese dinero se financien
mejoras en las infraestructuras.
Realmente, si el impuesto turístico es una «ecotasa», lo lógico
sería que todo el dinero recaudado se destinase a una finalidad
medioambiental. Tan lógico es el planteamiemnto de Els Verds como
el de aquéllos que defienden que el impuesto lo paguen no solamente
los visitantes que pernoctan en hoteles, sino todos los que llegan
a las Islas. La «opción hotelera» ha sido simplemente la más fácil,
pero no la más justa, dada la oposición del Gobierno central a
aplicar una tasa de entrada en los aeropuertos. Estamos, pues, ante
un proyecto de impuesto que intenta salir adelante con limitaciones
y que cuenta no sólo con la oposición del sector hotelero, sino
también de uno de los partidos socios del Pacte. Y esto es más
grave.
Obviamente, cabría esperar que un proyecto de ley saliera del
Govern debidamente consensuado entre todos los socios del Pacte,
pero hay que admitir que Els Verds tienen toda la legitimación para
introducir enmiendas en el trámite parlamentario. Lo que Els Verds
no pueden hacer, por mínima lealtad, es amenazar al president con
no apoyar el texto si no se modifica. Tiene toda la razón Antich al
decirles que deben escoger: o estar en el Govern o estar en la
oposición. Antich ya ha adelantado que puede verse en la necesidad
de adoptar decisiones al respecto. Es decir, destituirá a la
consellera verde, Margalida Rosselló. Ahora son Els Verds quienes
deben mover ficha. Sólo falta por saber si se impondrá la línea más
posibilista de Rosselló o la más radical de Joan Buades, que ya fue
destituido en Eivissa bajo la acusación de falta de lealtad.
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