El Govern del Pacte de Progrés, y en concreto el conseller
d'Interior, Josep M. Costa, se ha tomado muy en serio la
regularización de la Funció Pública en todos sus sentidos, y las
críticas, de unos y de otros, no han impedido adoptar decisiones
tan polémicas como el bolsín de interinos o la reforma del catálogo
de puestos de trabajo de la Comunitat Autònoma, que han servido
para poner orden en ella. La última decisión, polémica y que traerá
cola, ha sido el acabar con un viejo privilegio de los funcionarios
autonómicos: darles libre los días 24 y 31 de diciembre.
Dos días laborales para el resto de trabajadores, no
contemplados como festivos por el calendario laboral de Balears, y
que además de suponer un agravio comparativo con el resto de
trabajadores (de las empresas privadas) suponen paralizar la
administración.
Sin embargo, para los funcionarios de otras administraciones
como la central o la local, caso del Consell de Mallorca y del
Ajuntament de Palma, estos días seguirán siendo festivos y como
este año coinciden en días no laborables tendrán ese año dos días
adicionales de asuntos propios.
El Govern basa su decisión en que ni el decreto por el que se
regula la concesión de vacaciones y días libres en las Islas prevé
que los días 24 y 31 de diciembre sean no laborables, en el agravio
comparativo que supone para otros trabajadores y en la paralización
de la administración que suponía. No obstante, desde hace años en
la Comunitat Autònoma se había permitido que estos días los
funcionarios no fueran a trabajar si coincida con un día laborable.
Ello provocaba que sólo quedaran abiertas y funcionales, en las
conselleries y otros locales de la Administración autonómica, las
oficinas de registro.
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