La Inspección de Trabajo cifra en 2.368 millones de pesetas el
importe de las infracciones detectadas en materia de contratación
de extranjeros durante el pasado año, en el que se realizaron cerca
de 12.000 actuaciones y se destaparon 4.226 casos de fraude de
trabajo ilegal. Las diez provincias en las que se realizaron mayor
número de actuaciones el año pasado fueron Madrid (2.844),
Castellón (1.223), Balears (482), La Coruña (482), Las Palmas
(464), Málaga (430), Valencia (415), Santa Cruz de Tenerife (383),
Barcelona (380) y Alicante (330). En las que más fraude se detectó
fueron Madrid (610), Murcia (526), Balears (323), Cádiz (284),
Alicante (251), Málaga (243), Las Palmas (131), Salamanca (128),
Santa Cruz de Tenerife (126) y Lérida (121).
El Gobierno recuerda que el mayor contingente de trabajadores
está en el sector agropecuario, con un 33'2% de las solicitudes de
regularización, seguido del de la construcción, con un 14'9%, el
mismo porcentaje que en el servicio doméstico y el hostelero, para
el que se pidieron el 11% de los permisos. El sector agropecuario,
indica el Ejecutivo, «es un ámbito en el que la labor inspectora
reviste especiales dificultades por las características de las
explotaciones o las dificultades de acceso». Durante el pasado año,
el número de denuncias que recibió la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social en materia de extranjeros fue de 764, de las que
sólo 48 fueron presentadas por organizaciones sindicales.
La Inspección de Trabajo está realizando en estos días 1.160
visitas de inspección en las provincias de Jaén, Granada, las
Palmas, Alicante, Valencia, Huelva, Cáceres, Zaragoza, Almería y
Murcia.
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