Destacados miembros del Pacte de Progrés han criticado con dureza
el hecho de que el Gobierno de José María Aznar no cumpla una
sentencia, no firme, ya que ha sido recurrida, que le obliga a
indemnizar a los empleados públicos por la congelación salarial que
sufrieron en 1997. Sin embargo, el Govern del Pacte de Progrés, que
critica airadamente esta postura del Gobierno central, lleva ya más
de medio año sin cumplir una sentencia, aún siendo firme (no puede
ser recurrida), que le obliga a pagar a todo el personal laboral de
la Comunitat Autònoma un complemento específico de 120.000 pesetas
al año, y con carácter retroactivo de octubre de 1998.
La indignación de la sección sindical del personal laboral en la
Comunitat Autònoma de USO "sindicato que presentó el conflicto
colectivo" va en aumento conforme pasan los días y observan como el
Govern del Pacte de Progrés no paga. Manuel Fernández e Isabel
Llopis, miembros de la Unión Sindical Obrera (USO), no dudan en
calificar la actitud del Govern balear, y en concreto de la
Conselleria d'Interior (que es la responsable del personal), de
«abuso de autoridad». «La administración debe predicar con el
ejemplo y más si se trata de un gobierno de progreso. A un
ciudadano si no paga se le embarga pero a la administración no se
le puede embargar», explican indignados.
Esta sentencia del Tribunal Supremo supone un desembolso de unos
500 millones de pesetas, entre el abono del complemento y la
cotización a la Seguridad Social, con más de 800 trabajadores
afectados, según los cálculos económicos hechos por USO.
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