El Grupo Parlamentario del Partido Popular aseguró ayer que el
borrador de la ley de biodiversidad que ha redactado la Conselleria
de Medi Ambient «roza los límites de la inconstitucionalidad» y que
«desprecia absolutamente» la propiedad privada, por lo que, a
través de su portavoz, José María González Ortea, ya anunció que
votarán en contra a pesar de tratarse de un anteproyecto que ni
siquiera ha pasado por Consell de Govern.
La titular de Medi Ambient, Margalida Rosselló, explicó en
comisión parlamentaria los contenidos generales de una ley que,
aseguró, «establece, por primera vez, los mecanismos para regular
la conservación del medio ambiente» y, al mismo tiempo, «llena un
vacío legal en la regulación de actividades recreativas, turísticas
y productivas en el entorno natural de las Islas». Sin embargo, y a
pesar de que la consellera apuntó que se trata de una primera
redacción sujeta a modificaciones, el portavoz popular fue muy
contundente a la hora de criticar el texto. González Ortea calificó
el borrador de intervencionista y acusó a Medi Ambient de
«pretender imponer las normas que quiera en las zonas rústicas que
desee, por encima de la propiedad privada».
En este sentido el diputado del PP denunció que los propietarios
cuyas fincas formarán parte de la ley Natura 2000 de protección de
especies ni siquiera saben que están afectados, que se podrá
aplicar la servidumbre forzosa y que contempla la expropiación por
el interés general cuando otras normativas tienden a recortar esta
posibilidad. Asimismo González Ortea, que criticó que la normativa
regulará espacios «que ni siquiera están protegidos», acusó a
Rosselló de querer participar en la «gestión diaria de las fincas
privadas».
La ley de biodiversidad fue valorada también por el grupo
socialista a través de su portavoz Salvador Canoves. Ultima
Hora publicó hace unos días que los socialistas no estaban
de acuerdo con el contenido de la normativa y ayer Canoves pidió un
cambio en su redacción para delimitar las competencias de los
Consell Insulares y Ajuntament. El socialista, que reconoció que el
texto necesita mejoras, abogó por que se reestructure una ley a la
que calificó de «extensa y cerrada» por una «normativa de mínimos»
que posteriormente puedan desarrollar las administraciones. El PSM,
por su parte, pidió que la ley busque un equilibrio entre la
propiedad privada y la protección del medio ambiente.
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