La Conselleria d'Educació se opuso ayer al anteproyecto de ley de
universidades y exigió al Ministerio más tiempo para «debatir y
consensuar seriamente el texto», declaró el conseller Damià Pons.
El Govern consideró que la reforma que se plantea «debería partir
de una negociación y un consenso real, posibilitar una universidad
flexible, respetar las competencias de las comunidades, además de
la autonomía universitaria y venir precedida de una evaluación
clara de los costes».
Damià Pons reconoció la necesidad de una reforma, pues desde que
se aprobó en 1983 la LRU se han multiplicado por cuatro las
universidades y se han triplicado los universitarios». Pero, en su
opinión, «el Ministerio siempre enfoca todas sus reformas desde la
descalificación global de aquello que pretende reformar y, en este
caso, acusa injustamente a la universidad de endogamia y excesiva
democratización». También consideró criticable el procedimiento
seguido para dar a conocer la reforma, «pues se ha marginado a las
comunidades, que son las que tienen las competencias exclusivas en
educación universitaria», lamentó Pons.
El director general de Universidad, Martí March, concretó que se
trata de una ley «mucho menos autonomista que la LRU, demasiado
reguladora y reglamentista, lo cual no es sólo una demostración de
ineficacia sino que va en contra de un elemento clave del futuro
como es la flexibilidad del sistema universitario». También
preocupa que el texto no vaya acompañado por una memoria económica
o la confusión y dificultad a la hora de la toma de decisiones que
supondrá la proliferación de los órganos de gobierno.
No se ve con buenos ojos la excesiva intervención del Consejo de
Coordinación Universitaria -donde las universidades privadas y de
la Iglesia tendrán el mismo peso que las públicas y las
comunidades-, el sistema de habilitación del profesorado, ni el
sistema de acceso de los alumnos. En este sentido, se defiende «la
reforma de la selectividad». «Parece una farsa que se pretenda
zanjar la discusión sobre esta ley en una reunión de unas horas
prevista para el día 21 en Madrid», concluyó March.
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