Educació se opone a la nueva ley de universidades y reclama más debate

Damià Pons reconoció la necesidad de una reforma, pues desde que se aprobó en 1983 la LRU se han multiplicado por cuatro las universidades y se han triplicado los universitarios». Pero, en su opinión, «el Ministerio siempre enfoca todas sus reformas desde la descalificación global de aquello que pretende reformar y, en este caso, acusa injustamente a la universidad de endogamia y excesiva democratización». También consideró criticable el procedimiento seguido para dar a conocer la reforma, «pues se ha marginado a las comunidades, que son las que tienen las competencias exclusivas en educación universitaria», lamentó Pons.

El director general de Universidad, Martí March, concretó que se trata de una ley «mucho menos autonomista que la LRU, demasiado reguladora y reglamentista, lo cual no es sólo una demostración de ineficacia sino que va en contra de un elemento clave del futuro como es la flexibilidad del sistema universitario». También preocupa que el texto no vaya acompañado por una memoria económica o la confusión y dificultad a la hora de la toma de decisiones que supondrá la proliferación de los órganos de gobierno.

No se ve con buenos ojos la excesiva intervención del Consejo de Coordinación Universitaria -donde las universidades privadas y de la Iglesia tendrán el mismo peso que las públicas y las comunidades-, el sistema de habilitación del profesorado, ni el sistema de acceso de los alumnos. En este sentido, se defiende «la reforma de la selectividad». «Parece una farsa que se pretenda zanjar la discusión sobre esta ley en una reunión de unas horas prevista para el día 21 en Madrid», concluyó March.