TW
0

Los consells insulars podrán poner en marcha sus propios gobiernos con miembros no electos, a semejanza del Govern, a pesar del recurso del Gobierno central contra la Ley de Consells. El Tribunal Constitucional ha dictado un auto en el que decide levantar la suspensión que pesaba sobre los artículos más polémicos de la Ley de Consells mientras estudia si esta legislación autonómica es o no inconstitucional. Es decir, que hasta que no haya una sentencia definitiva, los consells podrán organizarse como deseen e incluso formar un gobierno con personas no electas, una de las aspiraciones de Unió Mallorquina.

El president del Govern, acompañado por el conseller de Presidència, Antoni Garcías, anunció ayer la decisión del Constitucional «que refuerza la situación peculiar de los consells como instituciones autonómicas. El president afirmó que el Estado no ha podido demostrar que se infrinja la legislación estatal y consideró que el hecho de que se trate de una decisión unánime de todos los miembros del Constitucional demuestra la sensibilidad del Alto Tribunal hacia esta cuestión.

«La involución autonómica del Gobierno de Aznar chocará con el Tribunal Constitucional», vaticinó el president, quien emplazó a «quienes gobiernan» que hagan oposición desde os tribunales. También se dirigió al Partido Popular de Balears para reprocharle su política «obstruccionista, que no conduce a nada» y pidió a los miembros de este partido en las Islas que ayude a los ciudadanos de las Islas a solucionar «los muchos problemas que tenemos con el Estado».

El president se mostró muy satisfecho dentro de la prudencia, ya que la decisión del Alto Constitucional es, simplemente, levantar la suspensión, ya que no se pronuncia sobre la cuestión de fondo, que es la inconstitucionalidad o no de la Ley de Consells. En cualquier caso, Antich aseguró que tiene presente lo sucedido con el impuesto ecológico, porque también entonces el Constitucional levantó la suspensión, pero luego se pronunció en contra de la constitucionalidad de la Ley.

El president aseguró que esta decisión del Constitucional no supondrá un desmembramiento de la Comunitat Autònoma, «aunque esa es la tesis que emplea el PP», ni implicará que el Govern vaya a perder fuerza. «Queremos instituciones fuertes y cercanas al ciudadano», afirmó.