Las sanciones incoadas por la Inspección de Trabajo en Balears
durante el primer semestre del año se han triplicado respecto al
mismo periodo del año anterior. Este incremento de la actuación de
la Inspección de Trabajo, organismo dependiente del Gobierno y que
no piensa transferirse a las comunidades pese a las
reivindicaciones del Govern, es especialmente latente en el caso de
las paralizaciones de obras o centros de trabajo ante un riesgo
inminente para el trabajador. En los seis primeros meses se han
impuesto 538 sanciones (552 en todo el año 2000), de un importe
global de 305 millones (256'9 millones en todo 2000), por
infracciones en materia de seguridad e higiene en el trabajo. Por
lo que se refiere a materia de trabajo (infracciones en los
contratos o en las condiciones de trabajo) el número de sanciones
fue en ese periodo de 54 (80 en todo el ejercicio de 2000) por 14
millones (18'6 millones en 2000).
El número de paralizaciones de empresas por riesgo laboral
ascendió a 19. En todo el año 2000 sólo se paralizaron ocho obras y
sólo dos en el sector de la construcción. Esta mayor actuación
sancionadora es fruto, en gran medida, en el acuerdo de
colaboración entre la Inspección de Trabajo y la Conselleria de
Treball i Formació del Govern que han aunado esfuerzos, objetivos y
fijado desde las Islas, y no desde Madrid como venía siendo
habitual, los campos a actuar en función de las necesidades de
Balears. En este contexto, ayer se reunió por segunda ocasión desde
su creación, la Comisión Territorial de la Inspección de Trabajo en
la que participa el Govern.
Eberhard Grosske, conseller de Treball i Formació, manifestaba
ayer que en la reunión «se ha repasado la ejecución de los
objetivos que nos habíamos marcado de colaboración para el año
2001» y «comenzado a preparar los objetivos de 2002». «En estos
nueve meses hemos constatado el excelente clima de colaboración que
existe entre la Administración del Estado y la autonómica que se ha
materializado en un trabajo de campo conjunto entre nuestros
técnicos y los inspectores especialmente en el ámbito de la
construcción. Así, ha habido un incremento importante de la
actividad inspectora, de los requerimientos que se hacen a las
empresas para subsanar las deficiencias encontradas, además de
sancionadora, con lo que se mejora las condiciones laborales»,
explicó Grosske.
El titular de Treball i Formació destacó que esta colaboración
ha sido especialmente fructífera en Eivissa-Formentera donde se ha
multiplicado por tres la presencia inspectora (Inspección de
Trabajo) y preventiva (técnicos de la Conselleria). Así, se ha
producido una «bajada realmente significativa» del índice de
siniestralidad en los siete primero meses del año. «La idea "indicó
Grosske" es continuar trabajando con esta materia de colaboración.
Es una batalla larga (la lucha contra la siniestralidad laboral):
No se pueden esperar resultados espectaculares de un día para el
otro pero el trabajo que se está haciendo es importante y
comenzamos a notar resultados. Por primera vez creo que este año
los resultados comienzan a responder al esfuerzo que se está
haciendo de recursos humanos y materiales y espero que durante esta
legislatura, en 2002, hayamos puesto freno al crecimiento de la
siniestralidad cuando no haber iniciado un camino de descenso que
es el objetivo».
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