La medida afecta a establecimientos de todas las zonas turísticas de Mallorca.

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El Govern ha ordenado el cierre inmediato de 17 hoteles de Mallorca que comercializaban un total de 1.500 plazas turísticas ilegales. La Conselleria de Turisme envió el pasado día 24 de septiembre las 17 órdenes para que los establecimientos sean desalojados y clausurados antes del día 1 de octubre, una decisión que ha creado gran alarma en el sector turístico. Estos hoteles suman un total de 5.012 plazas turísticas, según datos difundidos ayer por la Conselleria de Turisme. Las resoluciones del Govern, que van firmadas por la secretaria general técnica de Turisme, instan a los afectados a cerrar cautelarmente sus hoteles antes de finalizar el mes. El día 1 de octubre, según advierte Turisme, todos los establecimientos serán visitados por los inspectores de la Conselleria para comprobar si han cumplido la orden. En caso de que los hoteles continúen en funcionamiento, la Conselleria de Turisme puede ordenar el precinto de los edificios.

El Govern justifica que la decisión de cerrar estos hoteles se debe a la necesidad de cumplir la Ley General Turística. El posible cierre cautelar del establecimiento, que todos los casos ya fue comunicada a los propietarios antes de la orden de clausura, pretende que los hoteles eliminen todas las plazas ilegales y que regularicen su situación para evitar una sanción mucho mayor. En algunos casos, las habitaciones no legales eran vendidas a través de Internet, según la versión de Turisme. «Hemos intentado no perjudicar a los hoteles y no ordenar su cierre en plena temporada alta; no creemos que tengan problemas para realojar a sus clientes», manifestó a este periódico desde Alemania el propio titular de Turisme, Celestí Alomar.

El departamento que dirige Celestí Alomar concedió un plazo de cinco días a los propietarios de los hoteles con plazas ilegales para demostrar que no habían cometido ninguna irregularidad. Una vez cumplimentado este trámite legal, y en caso de no recibir ninguna respuesta por parte de los hoteleros, Turisme ya puede dictar la orden de cierre. En cualquier caso, la Conselleria de Turisme cree que el cierre cautelar, tal y como prevé la Ley General Turística, no perjudicará a ningún hotelero de manera grave, pero algunos de los afectados se han puesto en contacto con este periódico para explicar que tienen abiertos su establecimientos durante todo el año y que la medida les supondrá un gran quebranto económico. «Los hoteleros que tienen plazas turísticas ilegales deberán presentarnos un plan en los próximos meses e indicarnos cómo piensan regularizar su situación; algunos empresarios están dispuestos a ampliar las habitaciones de sus establecimientos o, incluso, quieren crear espacios para mejorar la oferta complementaria de sus hoteles», reiteró Alomar.

La decisión de Turisme de cerrar 17 hoteles puede suponer el principio de una gran campaña del Govern para acabar con la oferta turística ilegal. El pasado año ya fueron clausurados 28 establecimientos turísticos por comercializar oferta ilegal, aunque en esta ocasión las plazas detectadas ha sido mucho mayor. Turisme tiene localizadas unas 15.000 plazas turísticas ilegales en Mallorca. Fuentes del departamento que dirige Celestí Alomar no descartan que la campaña contra la oferta ilegal puede continuar en los próximos meses de manera más contundente tras la orden de cierre de un total de 17 hoteles en Mallorca, la única isla donde aún las competencias de ordenación turística no han sido transferidas al Consell por decisión de la propia institución insular, que no aceptó la transferencia.

El Parlament va a defender la ecotasa ante el Constitucional
La Mesa del Parlament decidió ayer personarse ante el Tribunal Constitucional para defender la ecotasa tras el recurso presentado por el Gobierno central. La Cámara balear ha recibido una comunicación del Tribunal Constitucional en la que solicita toda la documentación sobre la aprobación de la ecotasa turística. Al margen de esta petición, el Parlament también ha decidido personarse para defender una ley que fue aprobada con los votos del Pacte. El Tribunal Constitucional acordó la semana pasada admitir a trámite el recurso de la ecotasa que presentó el Gobierno central. Esta medida supone la suspensión cautelar de la ley durante un máximo de cinco meses. A partir de ese plazo el Tribunal tiene que decidir si mantiene la suspensión o, por el contrario, permite la recaudación del nuevo impuesto.