El Govern ha ordenado el cierre inmediato de 17 hoteles de Mallorca
que comercializaban un total de 1.500 plazas turísticas ilegales.
La Conselleria de Turisme envió el pasado día 24 de septiembre las
17 órdenes para que los establecimientos sean desalojados y
clausurados antes del día 1 de octubre, una decisión que ha creado
gran alarma en el sector turístico. Estos hoteles suman un total de
5.012 plazas turísticas, según datos difundidos ayer por la
Conselleria de Turisme. Las resoluciones del Govern, que van
firmadas por la secretaria general técnica de Turisme, instan a los
afectados a cerrar cautelarmente sus hoteles antes de finalizar el
mes. El día 1 de octubre, según advierte Turisme, todos los
establecimientos serán visitados por los inspectores de la
Conselleria para comprobar si han cumplido la orden. En caso de que
los hoteles continúen en funcionamiento, la Conselleria de Turisme
puede ordenar el precinto de los edificios.
El Govern justifica que la decisión de cerrar estos hoteles se
debe a la necesidad de cumplir la Ley General Turística. El posible
cierre cautelar del establecimiento, que todos los casos ya fue
comunicada a los propietarios antes de la orden de clausura,
pretende que los hoteles eliminen todas las plazas ilegales y que
regularicen su situación para evitar una sanción mucho mayor. En
algunos casos, las habitaciones no legales eran vendidas a través
de Internet, según la versión de Turisme. «Hemos intentado no
perjudicar a los hoteles y no ordenar su cierre en plena temporada
alta; no creemos que tengan problemas para realojar a sus
clientes», manifestó a este periódico desde Alemania el propio
titular de Turisme, Celestí Alomar.
El departamento que dirige Celestí Alomar concedió un plazo de
cinco días a los propietarios de los hoteles con plazas ilegales
para demostrar que no habían cometido ninguna irregularidad. Una
vez cumplimentado este trámite legal, y en caso de no recibir
ninguna respuesta por parte de los hoteleros, Turisme ya puede
dictar la orden de cierre. En cualquier caso, la Conselleria de
Turisme cree que el cierre cautelar, tal y como prevé la Ley
General Turística, no perjudicará a ningún hotelero de manera
grave, pero algunos de los afectados se han puesto en contacto con
este periódico para explicar que tienen abiertos su
establecimientos durante todo el año y que la medida les supondrá
un gran quebranto económico. «Los hoteleros que tienen plazas
turísticas ilegales deberán presentarnos un plan en los próximos
meses e indicarnos cómo piensan regularizar su situación; algunos
empresarios están dispuestos a ampliar las habitaciones de sus
establecimientos o, incluso, quieren crear espacios para mejorar la
oferta complementaria de sus hoteles», reiteró Alomar.
La decisión de Turisme de cerrar 17 hoteles puede suponer el
principio de una gran campaña del Govern para acabar con la oferta
turística ilegal. El pasado año ya fueron clausurados 28
establecimientos turísticos por comercializar oferta ilegal, aunque
en esta ocasión las plazas detectadas ha sido mucho mayor. Turisme
tiene localizadas unas 15.000 plazas turísticas ilegales en
Mallorca. Fuentes del departamento que dirige Celestí Alomar no
descartan que la campaña contra la oferta ilegal puede continuar en
los próximos meses de manera más contundente tras la orden de
cierre de un total de 17 hoteles en Mallorca, la única isla donde
aún las competencias de ordenación turística no han sido
transferidas al Consell por decisión de la propia institución
insular, que no aceptó la transferencia.
El Parlament va a defender la ecotasa ante el
Constitucional
La Mesa del Parlament decidió ayer personarse ante el Tribunal
Constitucional para defender la ecotasa tras el recurso presentado
por el Gobierno central. La Cámara balear ha recibido una
comunicación del Tribunal Constitucional en la que solicita toda la
documentación sobre la aprobación de la ecotasa turística. Al
margen de esta petición, el Parlament también ha decidido
personarse para defender una ley que fue aprobada con los votos del
Pacte. El Tribunal Constitucional acordó la semana pasada admitir a
trámite el recurso de la ecotasa que presentó el Gobierno central.
Esta medida supone la suspensión cautelar de la ley durante un
máximo de cinco meses. A partir de ese plazo el Tribunal tiene que
decidir si mantiene la suspensión o, por el contrario, permite la
recaudación del nuevo impuesto.
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