Nekane Domblás07/08/02 0:00
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El Consell de Mallorca se ha propuesto combatir el urbanismo ilegal hasta sus últimas consecuencias, incluidas las denuncias judiciales contra aquellos municipios que incumplan la legislación o que, como se dice coloquialmente, hagan «la vista gorda». Estas drásticas medidas han afectado directamente al Ajuntament de Montuïri, contra el que el Consell de Mallorca decidió presentar una denuncia ante los tribunales en la reunión celebrada por la Comissió Insular d'Urbanisme la pasada semana.

El motivo es la concesión de una licencia de ampliación de una vivienda en suelo rústico. Al Consell le consta que, en realidad, la ampliación no es tal, sino que se trata de la construcción de una vivienda nueva. Sin embargo, cuando hizo notar al Ajuntament que el propietario del terreno no tenía derecho a la licencia, el Consistorio no dio marcha atrás. Por esta razón, el Consell ha decidido recurrir a los tribunales para que sean ellos quienes decidan si la licencia está bien o está mal concedida.

El responsable de Urbanisme del Consell, Antoni Pascual, explicó ayer que la institución insular ha decidido actuar de una vez por todas en contra de prácticas de este tipo que son comunes en algunos municipios. El conseller señaló que el Consell quiere combatir, en la medida de lo posible, el urbanismo ilegal, para lo que incluso llevará a los tribunales a los ayuntamientos que incumplan las normas.

El caso que se ha presentado en Montuïri es común en muchos municipios de las Islas. Numerosos propietarios de terrenos quieren construir una vivienda en suelo rústico, pero no disponen de los 14.000 metros mínimos que marca la Ley de Suelo Rústico para poder edificar. Como consecuencia de ello, solicitan la licencia de ampliación de una vivienda, que, en la mayor parte de los casos es concedida por el respectivo Ajuntament. Con esa licencia concedida, el propietario del terreno aprovecha para construir una vivienda que antes no existía. Una vez hecha, si surgen problemas, el propietario dispone de la licencia preceptiva.

El director insular d'Urbanisme, Miquel Angel Grimalt, explicó que, en cualquier caso, toda licencia concedida por los ayuntamientos tiene presunción de legalidad, por lo que en ocasiones no se estudia si esta autorización para urbanizar está bien o está mal concedida. «Sin embargo, cuando hay una evidencia mínima de que puede haber una irregularidad, el expediente se examina con lupa, como ha sido el caso de Montuïri», explicó el responsable de Urbanisme del Consell.