TW
0

J.F. MESTRE/P. CANDIA
El fiscal Joan Carrau y los abogados de los acusados del denominado «caso Brokerval» están acercando posturas para evitar que se celebre el macrojuicio que debe celebrarse a partir del próximo lunes en la Audiencia de Palma.

El acuerdo no es definitivo, pero todas las fuentes consultadas apuntan a que lo más seguro es que el juicio se inicie, pero que sólo se trate de un puro trámite, ya que los acusados están dispuestos a aceptar las penas que pedirá el fiscal. Uno de los que no están conforme con ello es Lluis Pinya.

El ex gerente de la UIB sólo aceptaría la absolución, porque entiende que, pese a que el fiscal le pide diez años de cárcel por la operación en la que la agencia le devolvió unos 200 millones de pesetas que había invertido en la agencia a través de unos fondos que pertenecían a los herederos del pintor Xim Torrens, él defendía los intereses de la UIB. Parece ser que el fiscal se mostraría a favor de retirar los cargos contra Pinya, pero existe el problema de que la familia de Xim Torrens, mientras no cobre el dinero que se le debe, mantendrá la acusación.

De hecho, se sabe que la UIB ha presentado una propuesta económica a las partes afectadas, pero que no han sido del agrado de todos ellos. Mañana el fiscal Joan Carrau presentará a los abogados un nuevo escrito de acusación, en el que reduce sensiblemente las penas que inicialmente solicitaba contra los gestores de la agencia de valores que protagonizaron el mayor escándalo económico de las últimas décadas en Mallorca. A Francisco Berga, el máximo responsable de la agencia, le ofrece seis años de prisión, que él está dispuesto a aceptar. Berga ya ha estado en prisión durante casi un año y al aplicarse el antiguo Código Penal en poco tiempo obtendría el tercer grado.

A Francisco Tous, el otro ejecutivo, se le ofrece cinco años de prisión, que parece que también está dispuesto a cumplir. A los demás les propone penas mínimas de no cumplimiento. El problema, no obstante, radica en la responsabilidad civil. El fiscal cuantifica los perjuicios económicos en unos 600 millones de pesetas. Los principales directivos son insolventes, y por tanto es imposible que puedan afrontar la deuda a la que serán condenados.